Sin justicia institucional
La exitosa recusación formulada por Jaime Yoshiyama contra el juez Richard Concepción Carhuancho, que ha provocado su remoción del juicio que se le sigue conjuntamente con Keiko Fujimori por el llamado caso Cocteles o, en buen cristiano, lavado de dinero, constituye una verdadera paradoja: en aras de la “imparcialidad” que debe tener la justicia, se le sustituye por una magistrada, Elizabeth Arias, con dudosos antecedentes y con ahora evidentes vinculaciones con Giulliana Loza, la abogada de la propia Keiko.
No suena a casualidad lo que está ocurriendo y ha sido la propia Giulliana Loza quien se ha encargado de ponerlo en evidencia al pedirle a Arias que se inhiba de llevar el caso: Loza fue su abogada en un tema personal, Arias desestimó el pedido del fiscal Pérez para extender la investigación preliminar a Keiko a 36 meses en noviembre de 2017 (fallo luego revocado en segunda instancia) y Loza se convirtió en abogada de Keiko en diciembre del mismo año.
El problema es que solo queda un juez que pueda reemplazar a Concepción Carhuancho ya que el otro, Ángel Mendívil, ha sido suspendido por un fallo escandaloso en favor de un grupo de narcos. Y el juez remanente, Roger Benites, también ha fallado con anterioridad a favor de Fuerza Popular.
Lo cual pone en el tapete por qué se ha personalizado la justicia en el Perú. Por qué las protestas luego de la remoción de los fiscales Vela y Pérez y el rechazo público a la separación de Concepción Carhuancho y por qué es indispensable que se entienda la envergadura de la hasta ahora impune corrupción existente en el Poder Judicial donde todos saben quiénes son los “verdes” y quiénes los “comerciales”.
Ninguno de los tres magistrados que podían sustituir a Concepción Carhuancho califica para hacerlo. Lo que quiere decir que todos eran una pera en dulce para los duchos abogados de Fuerza Popular que han realizado un eficiente enroque al despacharse al juez Concepción y lograr que sus posibles reemplazantes sean semejantes joyitas.
No se va a lograr eliminar la corrupción sistémica en el Poder Judicial y el Ministerio Público a través de una “reestructuración” como plantea el Gobierno y sostiene ahora hasta la nueva fiscal de la Nación: se tiene que botar de esas entidades a los corruptos.
Y esa labor no la van a realizar los órganos de control interno porque son parte del sistema de corrupción: se requiere la creación de un órgano de control externo, previa reforma constitucional, como el Consejo Nacional de Moral Pública, proyecto de ley de Perú Nación congelado en el Congreso por obvias razones.
Entretanto, continuarán las jugadas de los abogados de la corrupción y la justicia personificada en unos cuantos magistrados limpios, que como seres humanos se pueden equivocar, pero por lo menos no coimean ni se dejan llevar por motivos subalternos, según parece.
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