Sin privilegios

Obra en el Congreso de la República, por lo menos cuatro proyectos de ley para acusar a los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La propuesta permitiría que dichos funcionarios puedan ser acusados constitucionalmente y dejarían de tener el blindaje del cual hoy gozan, como si fuera un privilegio exclusivo de ellos ser intocables. Desde la óptica constitucional es viable dichos proyectos de ley, lo que falta es decisión y voluntad política.

El congresista Alejandro Soto de la de Alianza para el Progreso presentó, hace poco, un proyecto de ley para que los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec puedan ser acusados constitucionalmente, puesto que hoy el artículo 99 de la Constitución Política no lo permite, al señalar que "Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas".

En la Comisión de Constitución y Reglamento del Legislativo, ya se han presentado anteriormente otros proyectos de ley similares que proponen la misma reforma. Los autores son los congresistas Rosselli Amuruz, de Avanza País, Elvis Vergara, de Acción Popular, y Patricia Juárez, de Fuerza Popular.

Las iniciativas presentadas, probablemente, se comiencen a debatir recién a partir del 28 de marzo, fecha de la nueva sesión del referido grupo de trabajo.

Lo que se busca con este tipo de proyectos es que todos estén en la misma condición, si el primer mandatario de la nación puede ser acusado constitucionalmente, cuál es el motivo o justificación para que los jefes del JNE, ONPE o Reniec estén en balcón y nadie pueda defenestrarlos.

Hay que recordar que el último 23 de febrero el Tribunal Constitucional (TC) reiteró una exhortación al Congreso de la República para que realice dicha reforma.

El Proyecto No. 4435 sostiene que esta medida "fortalecerá el orden constitucional y garantizará el efectivo cumplimiento de los valores democráticos" y agrega que "Es de amplio conocimiento que, gran parte de los funcionarios públicos que han ejercido altos cargos, se han visto involucrados de manera directa o indirecta en investigaciones de casos de delitos en contra de la administración pública", se señala.

Además, se precisa que será la Comisión Permanente la que acusará ante el Congreso de la República a los titulares del JNE, ONPE y Reniec, "por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas".

"El control político que ejerce el Congreso de la República en relación con la presente propuesta de reforma constitucional, aportará al sistema electoral y a nuestro ordenamiento jurídico en general, garantizará el efectivo cumplimiento de los valores democráticos y servirá para reducir el índice de delitos en contra de la administración pública", se puntualiza.

Si esto prospera, el horizonte político-electoral del país podrá cambiar para bien.

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