¡Sistema judicial en crisis!

Analicemos lo que viene sucediendo —impunemente— en nuestras narices, durante el período de brutal anarquía y absoluta corrupción en que se encuentra nuestro país.
Una fiscal de la Nación que ignora las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de otros entes estatales configura una escena de anomia institucional donde las leyes pierden eficacia; es decir, autoridades que desacatan el marco legal que deben garantizar. Este tipo de crisis no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en jaque el equilibrio de poderes y la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
Analicemos lo que ocurre entre Patricia Benavides y la Junta Nacional de Justicia. Sucede que esta Junta no solamente dispuso la destitución de Benavides, sino que luego ordenó su reincorporación como fiscal suprema, obligada por un fallo del Poder Judicial que revocó aquella ilícita suspensión, ordenando su inmediata reposición.
No obstante, sentándose en la ley y en la justicia, esta fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha ignorado reiteradamente innumerables disposiciones, alegando ridículamente razones administrativas y presupuestales.
Ante semejante desacato, la JNJ informó al Congreso sobre la rebeldía de esta fiscal de la Nación, advirtiendo que incluso Espinoza pediría el uso de la fuerza pública para ejecutar sus írritos úcases. Lo que configuraría no solo una clara desobediencia institucional, sino la fragmentación del Estado, al crearse una descoordinación entre el Ministerio Público, la JNJ y el Poder Judicial, produciendo aquello una clara crisis de legitimidad y de gobernabilidad.
Porque si las resoluciones no se cumplen, el sistema democrático y el Estado de derecho pierden toda credibilidad frente a la ciudadanía. Además, aquello configuraría un peligro de captura institucional, ya que su resistencia a reponer a Benavides podría estar relacionada con intereses ajenos que procuran controlar los vacíos en el Estado de derecho. Porque si una fiscal de la Nación ignora las resoluciones oficiales —sin que tenga consecuencias—, debilitará los controles disciplinarios, impidiéndole al Ministerio Público actuar con toda eficacia en casos de corrupción y/o crimen organizado.
Este episodio confirma la urgencia de reexaminar nuestros mecanismos de designación, remoción y/o control de los altos funcionarios de nuestro tan venido a menos “sistema” de justicia, sin perjuicio de sancionar —con su destitución, por ejemplo— a la fiscal Espinoza.
Estas disputas personales, al interior del Ministerio Público, representan una honda crisis institucional que pone en riesgo al sistema de justicia y a la gobernabilidad democrática. La ciudadanía percibe —hace mucho tiempo— que las decisiones fiscales responden tanto a intereses personales como políticos, no a criterios jurídicos. Esto fragiliza la confianza en la Fiscalía como garante del Estado de derecho, poniendo en riesgo que sea copada por la delincuencia, que busca impunidad y/o protección política. Pero, asimismo, aquel débil control interno facilita el uso de la Fiscalía como herramienta de persecución política y/o blindaje criminal. Como sucede ahora, con este Ministerio Público influenciado por ideologizados sujetos, como Gustavo Gorriti.
Por último, semejante anarquía del Ministerio Público —en su rol persecutor— deja a las víctimas sin justicia y a los delincuentes sin sanción.

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