Sistema penitenciario en emergencia: continúan graves deficiencias y hacinamiento extremo

El pasado 26 de noviembre fue promulgado el DS 014-2024-JUS, declarando en emergencia, por dos años, el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, para enfrentar las graves deficiencias estructurales y el hacinamiento extremo en los penales. Se dispuso la elaboración, en 45 días, de una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria para reducir significativamente el hacinamiento, mejorar la infraestructura y garantizar la resocialización de los internos, enfocada en implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030, que fuera publicada en septiembre de 2020 (DS-011-2020-JUS). Sin embargo, su Plan Estratégico Multisectorial se promulgó tardíamente, en febrero de 2024 (DS-003-2024-JUS).
Cada cierto tiempo, a fin de revertir la aguda crisis de los establecimientos penitenciarios, se promulgan estados de emergencia y decretos de urgencia, e incluso existe una sentencia del Tribunal Constitucional. En febrero de 2012 se declaró en emergencia el sistema, dictándose medidas excepcionales y urgentes en materia económica y financiera (DU-007-2012). En 2014, el Tribunal Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios por hacinamiento, calidad de infraestructura y servicios básicos (Expediente 05436-2014-PHC/TC). Asimismo, hace cinco años concluyó otro estado de emergencia, vigente entre enero de 2017 y 2019, debido a deficiencias en seguridad, salud, hacinamiento, lucha contra la corrupción, y fortalecimiento de gestión administrativa e infraestructura (DL-1325-enero 2017).
A pesar de estas normativas, nada ha mejorado. Por el contrario, el sistema penitenciario mantiene graves deficiencias. Las cantidades de internos y el hacinamiento continúan incrementándose. Actualmente, los 68 penales existentes tienen capacidad para 41,556 internos, pero albergan 98,127 (sobrepoblación de 136 %, hacinamiento del 116 %). Además, predomina una grave corrupción y discrecionalidad, donde se promueven excesos y abusos, se fortalecen las bandas de secuestradores y narcotraficantes, y se crean “escuelas del crimen”. Por este motivo, las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi nulas.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, responsable de la Política Nacional Penitenciaria desde el 23 de septiembre de 2023, acaba de ser interpelado este miércoles 4 en el Congreso por la implementación de dicha política y el hacinamiento en los penales.
Bajo este panorama, y dada la caótica situación del sistema penitenciario, el ministro de Justicia, Arana, debería tomar acciones urgentes, tales como:
Procurar más recursos para optimizar la administración penitenciaria.
Construir nuevos penales (el último fue construido en 2015) y ampliar la infraestructura de los existentes con espacios disponibles.
Mejorar la seguridad (control de visitas, instalación de bloqueadores).
Luchar contra la corrupción.
Desarrollar un Código de Conducta para los trabajadores penitenciarios.
Implementar alternativas de penas para delitos menores (grilletes electrónicos).
Coordinar con el Poder Judicial para agilizar sentencias (unos 35,000 internos aún no tienen sentencia).
Mejorar el régimen penitenciario, cuyo objetivo es la reeducación, rehabilitación y reinserción social de los internos (Constitución, artículo 139, inciso 22).
Realizar un estudio de factibilidad para la tercerización de la administración y gestión de penales.

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