Sobre la recomendación de la CIDH
En su reciente informe titulado Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales (2023), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó la situación de los derechos humanos en el contexto de la crisis de institucionalidad democrática y social en nuestro país como consecuencia de los sucesos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de abril de 2023.
A partir de la visita de trabajo realizada por los representantes de la CIDH, quienes consideraron que desde el 7 de diciembre de 2022 las protestas sociales en el Perú guardaban relación con la desigualdad estructural y discriminación histórica étnico–racial de los pueblos indígenas y comunidades campesinas ubicadas al sur del país, en el referido informe se recomendó al Estado peruano ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
En su informe, la CIDH sostuvo que la discriminación era visible a causa de la insuficiente representación política de las comunidades campesinas, la falta de desarrollo e inversión social en aquellas zonas apartadas de la capital y las limitaciones para acceder a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las protestas se explicarían por la indignación generada entre las poblaciones subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones dentro del marco de la sucesión presidencial y el proceso de vacancia.
Considerando lo señalado en el informe de la CIDH, es difícil aceptar que las causas de las protestas fuesen motivadas por el racismo y la discriminación. El peruano promedio reconoce con orgullo nuestro pasado común y el aporte cultural de las comunidades originarias en el ámbito de las tradiciones, arte y platos típicos. Además, dichas comunidades están representadas a nivel nacional tanto en el Parlamento como en el propio Gobierno (posterior a la vacancia), lo cual demuestra esa diversidad.
La intolerancia y estigmatización tendrían otros motivos que no residen ni en el origen ni en la raza o género, sino más bien en la posición política adoptada por los protagonistas. Esta situación ha determinado la polarización en nuestro país, además del surgimiento de grupos sociales violentos que subsisten y pertenecen a organizaciones terroristas.
El instrumento supranacional que se sugiere ratificar al Estado peruano fue adoptado en Guatemala y entró en vigor en noviembre de 2017. La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia ya tiene como estados parte a Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. La ratificación de este instrumento supranacional específico sobre el tema del racismo y la discriminación racial no hará más que mejorar y optimizar el tratamiento de este problema que, desde nuestro punto de vista, difícilmente es la causa de las protestas sociales, lo cual no significa que no exista, aunque sí en dimensiones menores de las que se quiere hacer notar.
En ese panorama, se deben adoptar medidas en aras de la optimización de los derechos fundamentales de los pueblos originarios de todo el Perú.
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