Sólo faltan votos
Hace casi veinte años, el TC dictó una sentencia histórica que interpretó y desarrolló la forma en la que el Parlamento debía aplicar los procedimientos de control político a los altos funcionarios aforados, en especial en materia de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral; el juicio político por infracción constitucional y el antejuicio como prerrogativa funcional a fin de habilitar el procesamiento penal. Como estos renglones apuntan a quien hoy funge de presidente de esta desgobernada República, nos concentramos en él.
El TC, con acertado criterio, llenó adecuadamente los vacíos –por no decir, lagunas- y corrigió las desigualdades de trato de que adolecía entonces el Reglamento del Congreso. En cuanto al antejuicio confirmó la inmunidad acusatoria que protege al primer mandatario de la Nación salvo que se trate de los delitos taxativamente señalados por el artículo 117 de la Carta y, penosamente, no hay más que agregar al respecto. Sobre el juicio político, el TC declaró su absoluta validez y procedencia por infracción o violación de los bienes y deberes jurídico-constitucionales establecidos en la Carta Magna que determina la destitución o inhabilitación del funcionario responsable de perjudicar el desenvolvimiento del Estado. Por si acaso, contra la inmediata procedencia de este juicio, no cabe alegar inmunidad alguna en favor del nefasto ocupante de Palacio, en concordancia con lo claramente dispuesto por el artículo 114, inciso 2, de la Ley de Leyes. Finalmente, en relación a la vacancia presidencial por la causal de marras, ya ha corrido suficiente agua y los motivos sobran para su procedencia. Eso sí, fuese por esta última vía o por el juicio político, el TC ha precisado que debe respetarse el debido proceso, los principios de razonabilidad y proporcionalidad y que la decisión de vacancia, destitución o inhabilitación que adopte el Pleno cuente con el voto favorable de no menos de 2/3 del número legal de sus miembros.
Encontrándose el país en el peor desgobierno imaginable, no tenemos duda de que Castillo por inepto y corrupto activa o pasivamente se ha sacado todos los boletos para ser inexorablemente separado o inhabilitado del cargo presidencial. Sólo falta la decisión y los votos del Congreso para consumarlo, y si las encuestas sirven para algo siete de cada diez peruanos manifiestan lo mismo. Ya, pues, cada día que pasa resulta insoportable y más temprano que tarde no habrá orden constitucional que valga. ¡AMÉN!
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
