Soluciones radicales

Varios hechos ocurridos recientemente confirman que es prácticamente imposible resolver la crisis terminal que sufre el Perú en el marco institucional actual.

La escandalosa fuga del chotano Juan Silva, cómplice de Pedro Castillo en el esquema de corrupción montado en el Ministerio de Transportes, con la evidente protección de las autoridades del Gobierno, así como la situación de prófugos de los sobrinos y el secretario del jefe de la banda, son una muestra del descaro e impunidad con que actúa la gavilla que se ha encaramado en el poder.

El directo culpable de la fuga, el ministro del Interior, el cuarto en este periodo, niega descaradamente su responsabilidad. Aunque el Congreso eventualmente lo censure, es obvio que solo es una pieza sin importancia en la pandilla de Castillo.

El Jurado Nacional de Elecciones, en una nueva maniobra dolosa, amplió el plazo de inscripción para las elecciones regionales y municipales, para que no quedaran fuera las listas del partido oficialista y el candidato patrocinado por el Gobierno en Lima, Daniel Urresti, según denunció el excongresista César Combina.

El Congreso ha aprobado una ley (Nº 31494) que institucionaliza la existencia de bandas armadas protegidas, financiadas y apoyadas por el Estado, y también eventualmente por grupos privados que quieran auspiciarlas: narcotraficantes, mineros ilegales y cualquier tipo de organización criminal. (Ver mi artículo “Bandas armadas auspiciadas por el Estado” en “El Reporte”, 19/6/22).

Una mayoría de ese Congreso ha enviado al archivo el informe de la comisión que investigó el fraude electoral del año pasado, bloqueando nuevamente cualquier posibilidad de que se conozca la verdad de la conjura que posibilitó que una pandilla de delincuentes comunistas se apoderara ilegalmente del Gobierno.

El caso de la tesis espuria de Castillo y su esposa sigue sin sanción, entre otras cosas por el encubrimiento de César Acuña y su universidad. La bancada de Acuña en el Congreso es un factor clave para sostener al Gobierno y participa activamente en todos los despropósitos que se cometen en el Parlamento señalados más arriba.

Acuña capitanea una de las oligarquías regionales que ha ascendido a las ligas mayores, convirtiéndose en socios del cártel que hoy gobierna el Perú. (Ver “Nuevas oligarquías regionales” en “Lampadia”, 16/6/22, https://www.lampadia.com/analisis/politica/nuevas-oligarquias-regionales/).

Junto con otros grupos como el que conduce José Luna Gálvez (que estaba preso por ser presuntamente el cabecilla de “Los gangsters de la política” hasta que fue elegido y salió para ocupar su curul, negociar con el Gobierno y lanzar candidatos para las próximas elecciones); los “niños” de Acción Popular, que ahora han asaltado el local del partido en Lima y exigen que el JNE los reconozca como dueños de la entidad que fundó Fernando Belaunde; y otras pandillas similares, manejan el Congreso.

Es obvio que la desintegración del Perú no puede detenerse en el marco institucional actual, podrido y controlado por los que están despedazando el país. Se requieren soluciones radicales.