Somos un país corrupto

Que nuestro Estado atraviesa una de sus peores crisis institucionales es una tautología. Desde que la izquierda gobierna (2011) a la fecha, nos encontramos en una gravísima crisis envueltos en un manto de corrupción, ineficiencias y desgobierno, extendido a todos los estratos estatales.
Lo confirma el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional 2024 elaborado por la Contraloría General de la República, que evalúa a 2,928 entes públicos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, organismos autónomos y empresas estatales. La conclusión: “99 % de las entidades públicas evaluadas presentan indicadores de riesgo”. De ellas, 321 frisan el nivel de riesgo “muy alto”; y apenas 25 aparecen en el “bajo”. Asimismo, califica la inconducta funcional, la negligencia administrativa, los procesos en abandono, el abuso de funciones, los beneficios indebidos y, finalmente, el perjuicio al erario. Abarca más de 20 fuentes como el MEF, Servir, SBS, Sunafil, organismos electorales y registros judiciales.
Entre las instituciones del Ejecutivo con más alto riesgo están la Policía Nacional: 75.9 de 100 puntos; la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo: 75.3; Ministerio de Salud: 73.6; Ministerio de Educación: 72.1, confirmando una realidad palpable: nuestra seguridad, educación y salud aparecen comprometidas por prácticas irregulares y/o por su incapacidad funcional.
Los gobiernos regionales también llevan riesgos severos: Dirección Regional de Educación Piura: 75.8 puntos; Dirección Regional de Salud Tumbes: 73.5; Gobierno Regional de Junín: 72.6 %. Más del 40 % de las regiones tienen, al menos, una entidad en nivel “alto” o “muy alto”, volando en pedazos la calidad del servicio público que brinda nuestro Estado.
Y los gobiernos locales, que encabezan el ranking de riesgo, son: Municipalidad Provincial de Huamanga con 87.4, Municipalidad Provincial de Huánuco con 85.2, Municipalidad Distrital de La Libertad con 83.4 y Municipalidad Provincial de Huaraz con 82.0, entre otros. Las causas varían: obras paralizadas, contratos ilegales, autoridades sin perfil técnico, etc.
Finalmente, en EsSalud (82.4 puntos) e Hidrandina S.A. (77.2 puntos), campean los presupuestos millonarios y la carencia absoluta de sistemas de control eficientes.
Este informe concluye que, entre 2019 y 2023, “el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) comprometido en entidades con riesgo ‘muy alto’ pasó del 3 % al 12.7 %”. Quiere decir que más de S/ 9,522 millones anuales se pierden por mala gestión, omisiones o corrupción, apelando a prácticas con inexistentes sistemas de control; un 30 % ignora las recomendaciones de la Contraloría, y el 42 % de estas observaciones no cumplidas son de alto riesgo, incluyendo un 54 % de entidades que contrataron proveedores legalmente impedidos, fuera de que el 95 % de estos entes mantiene a funcionarios que no presentan declaración jurada de intereses o patrimonio.
Esta muestra de decadencia, dejadez, sinvergüencería, etc., identifica al Perú como país corrupto. Y el mundo civilizado —los países ricos deseosos de invertir en y comercializar con naciones con altos potenciales naturales, como es nuestro caso— castiga a sus pares que califican como corruptos, reduciendo o retirando sus inversiones, aumentándoles el costo de capital, rebajando su calificación crediticia (alza de intereses) e imponiendo restricciones legales y sanciones; por último, poniendo su mirada en otros países.

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