Soñar no cuesta nada

Gladys Echaíz, ex Fiscal de la Nación y confiable parlamentaria, ha presentado a nombre de Renovación Nacional una Ley de Reforma Constitucional para modificar la estructura del sistema de justicia del país. Indispensable y fundamental iniciativa, cuando vemos que este medular poder del Estado se encuentra hecho añicos. Entre otras propuestas, crea la Escuela Nacional de la Magistratura como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal; además, para mejorar la competencia profesional e incentivar las actitudes y aptitudes de los magistrados, para avalar una administración de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente.

Para garantizar la independencia funcional de jueces y fiscales, propone eliminar el proceso de Ratificación de magistrados y elevar, a nivel Constitucional, la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, como entidad autónoma de la estructura orgánica de estas instituciones.

Propone, también, que el Presidente de la Corte Suprema lo sea asimismo del Poder Judicial: y la Sala Plena de la Corte Suprema sea el órgano máximo de este poder del Estado. Igualmente institucionaliza el Consejo de Coordinación Interinstitucional del sistema de Administración de Justicia, como espacio de coordinación de todas las políticas en materia de administración de justicia.

La iniciativa dispone que, para ser Magistrado de la Corte Suprema, se requiere ser peruano de nacimiento; ciudadano en ejercicio; mayor de cincuenta años y menor de 75 años de edad; y haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años.

Igualmente crea la Escuela Nacional de la Magistratura como centro superior de alta especialización e investigación académica, para la formación de los aspirantes a ser juez o fiscal. Los miembros del Consejo Directivo serán peruanos de nacimiento; ciudadanos en ejercicio; mayores de 55 años de edad; abogados con al menos 25 años en el ejercicio de la profesión; y tener grado académico de maestro y/o doctor. Los jueces y fiscales de todos los niveles estarán sujetos a evaluación permanente; estando prohibidos de participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga.

Por su lado el Ministerio Público es autónomo; lo preside el Fiscal de la Nación y es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo dura tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas; estarán sujetos a iguales obligaciones y prohibiciones que los del Poder Judicial, en la categoría correspondiente.

Vemos, en consecuencia, una luz al final del túnel en el que se encuentra la Justicia peruana, hace demasiado tiempo. Lo que nos preocupa es aquella ínfima calidad de la mayoría de congresistas; su atomización ideológica; su fanatismo; sus intereses crematísticos; su voluntad destructora, y su incapacidad para entender una palabra de esta trascendental iniciativa presentada por la legisladora Echaíz.

Crucemos los dedos para equivocarnos y algún día, antes que colapse nuestro país, tengamos una legislación como la que propone doña Gladys Echaíz que, finalmente, elevará a su debido espacio a nuestra absolutamente deplorable, venida a menos, abusiva y muy corrompida “Justicia”.

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