Su fiscal favorita

Mario Alzamora Valdez formulaba la clásica pregunta del primer día de clase en Introducción al Derecho: “Si ustedes, en una situación real, encuentran una evidente contradicción entre el Derecho y la Justicia, ¿cuál elegirían?” Las promociones pasaban, pero la respuesta era siempre la misma. Curiosamente, los profesores de la Universidad de Navarra me enseñaron que en el Derecho Constitucional era imposible que existiera esa contradicción; el Derecho no podía ser injusto ni arbitrario. Si en algún momento su aplicación lo parecía, era solo un problema de interpretación incorrecta.
En esa misma línea, insistieron en que la Constitución debía interpretarse considerándola una sola unidad, conforme a sus principios y no a la simple literalidad del precepto, pues, al final del día, debe prevalecer el principio de interdicción de la arbitrariedad. Esto es: no pueden aplicarse las normas sabiendo que el resultado es contrario al sentido común, a lo que nuestra formación jurídica básica entiende como abuso, injusticia, prepotencia.
Por eso, cuando la misma JNJ que sancionó arbitrariamente a una fiscal suprema que había sido elegida por sus pares como Fiscal de la Nación corrige el error de oficio, no cabe argumentar en contra de la víctima el que tuvo el atrevimiento de presentar una demanda de amparo, por lo que, supuestamente, habría que esperar meses o años para contar con una sentencia firme en ese proceso. Es un conocido axioma que, cuando se ejerce control jurídico de una violación de un derecho fundamental, no basta la simple resolución declarativa, sino que debe retrotraerse la situación al estado anterior a la violación del derecho, pues la injusticia no puede quedar en ventaja.
Por supuesto, cabe discutir si se le repone en el mismo cargo que tenía, Fiscal de la Nación, o solo como fiscal suprema; para eso, nuestro sistema jurídico ofrece una gama de posibilidades. Pero, para vergüenza de un país desilusionado de su clase dirigente, la señora que ocupa el cargo electivo decidió desacatar la resolución del organismo que constitucionalmente está habilitado para sancionar o reponer jueces y fiscales; es más, desconoce lo resuelto por la JNJ y encarga a sus abogados —algunos relacionados con Odebrecht— tejer una serie de argumentos forzados, una suerte de alquimia legalista, para tratar de eximirse de su responsabilidad funcional, de su compromiso como garante de la legalidad.
Es evidente que el problema no es de interpretación o de comprensión del Derecho, ni siquiera de celos y resentimientos. Detrás de bambalinas están los operadores de la ONG que manipula la administración de justicia desde hace un par de décadas, obteniendo, desde esa trinchera oculta, el poder político que usa luego para encumbrar o destruir a políticos, funcionarios y empresarios. El lío del Ministerio Público no es causado por los fiscales, sino por activistas que ejercen el poder político sin ninguna legitimidad democrática, manipulando para ello a su fiscal favorita.

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