Su obligación es elegir

Ha llegado el día menos esperado. La fecha en que 32 millones de peruanos decidirán si entregan SU país al comunismo; o si mantienen la democracia que tantas décadas costó defender de populismos, devaluaciones, inflaciones y autocracias; pero también de tantas vidas y tanta salud de gente que se llevó el sangriento terrorismo incubado por esas crisis. Mañana ya no habrá vuelta atrás. De su decisión depende que: 1) al día siguiente empiece a pensar en qué hacer para que no le confisquen sus bienes y no le sometan a juicios sin garantías tan sólo por opinar diferente al todopoderoso que se instale en palacio de gobierno; o 2) ponerse a trabajar con fe, ahínco, entusiasmo y claridad de objetivos, para recuperar nuestra destrozada economía; de modo que esta vez sí avancemos hacia una sociedad mucho más considerada por un Estado que, en lo sucesivo, deberá ser administrado por un gobierno comprometido con la gente. Un régimen que cumpla metas y obligaciones para satisfacer las grandes necesidades en Educación, Salud y Seguridad. Además de implementar mejores políticas para cumplir los objetivos del Estado con su sociedad.

Una tarea titánica que solo pudiésemos implementar si lo hiciésemos en absoluta libertad; normados por los principios básicos de la democracia encuadrada en un Estado de Derecho. Como sucede en todos los países civilizados y exitosos. Porque es obvio que si nos abocásemos a evaluar todos aquellos preceptos constitucionales y todo ese acervo de leyes que rigen los principios constitucionalmente reconocidos, que aseguran tanto a hombres como a mujeres que los obtendrán del Estado como derechos fundamentales universalmente reconocidos; pues los 32 millones de peruanos deberíamos contar hoy con una calidad de vida muy superior a aquella que recibimos en este afligido país. Por tanto no es cuestión de que, como proclama el comunismo, debamos cambiar de Constitución ni tampoco que se promulguen nuevas normativas. Lo único que falta es que fun-cio-ne la administración pública responsable de ejecutar las reglas constitucionales y las leyes vigentes. Y para ello, los principales contralores de su aplicación van desde el jefe del Estado pasando por legisladores, ministros, jueces, fiscales, gobernadores regionales, alcaldes hasta el frondoso aparato estatal –absolutamente inútil- que ha acumulado el país, por culpa de la mayor parte de gobernantes que han gestionado su Estado a lo largo de las últimas dos décadas.

Repetimos, todo lo que necesitan los 32 millones de peruanos para vivir en comodidad y sin sobresalto está escrito en el universo de cláusulas contenidas en la Constitución, las leyes y sus reglamentos. Lo que ha pasado es que los gobernantes no han sido lo suficientemente capaces para imponerse a la administración pública, conminándola a cumplir su deber. La prueba más clara de esta barbaridad es que durante las últimas dos décadas -con excepción del quinquenio en que gobernó Alan García- todos los sectores del gobierno central, regiones y municipios devolvieron más del 50 por ciento de sus presupuestos por haber sido incapaces de cumplir la metas aprobadas. Dinero hubo, amable lector. Faltó gestión para aplicarlo.