Sunedu, autonomía y calidad educativa: más coincidencias que diferencias

Por Dr. Miguel Inga

En los últimos días, una vez más algunos políticos ligados a universidades que no lograron licenciamiento por no cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), lobistas y operadores, fundamentalmente, desde el Congreso de la República buscan deslegitimar lo avanzado en materia educativa de los últimos años, así como tergiversar propuestas que vienen desde la Academia. En ese sentido, encontramos las siguientes coincidencias:

La Constitución Política del Perú establece que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, regidos por su propio estatuto en el marco de la Constitución y de las leyes (Art° 18 de la Constitución), por lo cual la autonomía universitaria no es un privilegio: implica responsabilidad con políticas de Estado para el desarrollo sostenible de nuestro país, a través de la búsqueda constante de la verdad científica, lo que permite desarrollar ciencia, cultura y tecnología sin presiones del poder político o de algún gobierno de turno.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es un organismo público adscrito al Ministerio de Educación con autonomía funcional (artículo 12 de la Ley Universitaria), que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, ha jugado un papel importante en el proceso de licenciamiento de las universidades a través de la supervisión de las CBC.

La responsabilidad frente a la educación universitaria tiene que orientarse por evaluar cómo afirmar los avances y qué medidas se deben tomar para seguir avanzando en una reforma educativa en función de la calidad tan requerida por estudiantes, padres de familia y ciudadanía en pleno, a través del diálogo académico, por ello, la importancia del derecho a la educación exige la exhortación tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo para que establezcan un DIÁLOGO POR LA GOBERNABILIDAD, dejando de lado toda polarización que perjudica el proceso de construcción de nuestra democracia y que repercute seriamente en la vida social y económica de nuestro país.

Pero también encontramos diferencias como la UNMSM, UNI y algunas Facultades de Educación que proponen que el representante del Minedu no sea necesariamente el superintendente.

Consideran que ese cargo debería ser elegido por los integrantes del Comité Directivo, que está conformado por siete miembros: un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) y cinco personalidades que pasan por un concurso de méritos y son ratificados por el Consejo Nacional de Educación (CNE). Esto permitiría que el Gobierno tenga que designar a un docente altamente calificado.

Las Facultades de Educación firmantes del pronunciamiento consideran importante garantizar que en el Comité Directivo de Sunedu haya la presencia de por lo menos un docente con experiencia en la gestión de universidad pública y, también, por lo menos uno con esa experiencia en universidad privada asociativa. Permitiría ganar en eficiencia y eficacia los trámites correspondientes entre universidades y Sunedu.

La UNMSM considera que la autonomía universitaria en su régimen económico le permite actuar como titular de pliego. Hay que tener en cuenta, sostiene, que las universidades somos diferentes en cuanto Facultades, Escuelas, responsabilidad con las Ciencias Básicas, personal docente, administrativo y cantidad de estudiantes.
Modificatoria de la Ley N° 30057 Ley Servir, en cuanto interfiere en la gestión académica y normativa establecida por la Ley Universitaria.

Al respecto y a manera de conclusiones, la comunidad académica coincide en reafirmarse en la defensa de toda reforma universitaria que garantice una universidad de calidad, científica, democrática y con responsabilidad social y ambiental, para lo cual debemos pasar de las (CBC) hacia las Condiciones Superiores de Calidad, que hoy se manifiesta como la acreditación, entendida como internalizar una cultura de calidad.

La necesidad que la Asociación Nacional de Universidades Públicas (ANUPP) en coordinación con la Dirección General de la Educación Superior Universitaria y del CNE convoque a las universidades, facultades de Educación, Sunedu, otras instituciones y personalidades, a mesas de DIÁLOGO ACADÉMICO que permitan evaluar, en base a la reflexión y a la investigación, y así tomar las mejores decisiones que “pongan por delante el bien común de la educación y no asumirla como negocio” (en palabras de monseñor Carlos Castillo en Diálogos de Fe).

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