¿Sunedu y UCV cómplices?

No es solo descomposición moral y comisión de presuntos delitos lo que resultaría en torno al grado de maestría que la universidad privada César Vallejo (UCV) le otorgó el año 2013 a la pareja presidencial. Ocurre que en la última semana, tanto el promotor y autoridades de esa universidad, así como la propia Sunedu, pretenden mirar de costado respecto de su obligación de dar cuenta al país sobre el cumplimiento de todos los requisitos que la legislación pertinente establece para otorgar grados académicos y títulos profesionales de rango universitario.

Hace unos días la UCV dio a conocer el vergonzante resultado de una supuesta investigación interna que anunció a inicios de este mes y que le tomó apenas una semana. Sin elemento objetivo alguno, como sería poner a disposición pública la tesis y el expediente administrativo que sustentan el otorgamiento del grado académico cuestionado, el fundador y autoridades de esa universidad comunicaron que para ellos estaba bien otorgado el grado académico, pese a admitir que tenía un 43% de similitud con otras tesis. Burlándose de la opinión pública señalaron que el invento de dos validadores académicos que no existen como personas, hecho probado, “es responsabilidad de los tesistas” y que habiendo la Fiscalía iniciado investigaciones sobre el tema, no les toca indagar nada más. Con lo que dejan en el aire el tema del asesor de tesis fantasma, el del conocimiento cabal de un segundo idioma y el de asistencia regular y notas aprobatorias de los cursos que conforman el plan de estudios.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), creada el año 2014 por la actual Ley Universitaria, N° 30220, en reemplazo de la Asamblea Nacional de Rectores, apenas dedicó al caso unas cuantas líneas en su cuenta de Twitter. La casi totalidad de su actividad la ha venido dedicando Sunedu, a oponerse a la facultad del Congreso de la República de legislar sobre la autonomía y calidad universitaria, demostrando que sus burócratas tienen intereses creados.

Nada ha dicho Sunedu sobre la obligación de que el trabajo de investigación que sustenta el grado de maestro otorgado por la UCV a P. Castillo y L. Paredes, deba constar en el registro -público- de trabajos de investigación y proyectos para optar grados académicos y títulos profesionales universitarios, creado el 2002 por la Ley 27705 y que hoy ha devenido en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales (RENATI).

Sin duda, hay gran interés en ocultar el cuestionado trabajo de investigación.

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