Susana Villarán: ¿juicio o parodia?

Trece años después de haber sido denunciada por la Fiscalía, Susana Villarán —la autodeclarada ladrona, exalcaldesa de Lima, que robó a los ciudadanos muchísimos millones de dólares— (aunque confesando que “solo” fueron once millones de dólares los que recibió de Odebrecht), el juez Jorge Chávez Tamariz publicaba el Auto de Enjuiciamiento, a efecto de (recién) dar por iniciado el juicio oral contra esta privilegiada delincuente izquierdista, marca mayor.
El magistrado justifica la demora con una serie de argumentos, que tal vez quedan resumidos en la parte preliminar del “Auto de Enjuiciamiento” sobre el llamado caso “Revocatoria 2013 y Reelección 2014 de la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente-OAS”, que reseñamos a continuación:
“(…) las organizaciones criminales complejas, avanzadas y con alto grado de especialización buscan nuevas estructuraciones, con características novedosas y estrechando sus tentáculos a otras redes criminales que, en muchos casos, buscan protección de sus miembros y en otros buscan beneficios o ‘intereses ilícitos recíprocos’. Sus objetivos son económicos (fin lucrativo), también políticos, buscando ejercer poder de facto para los fines de la organización criminal. Para ello reclutan actores/miembros legales e ilegales dentro y fuera de instituciones del Estado con el objeto de masificar o extender sus acciones criminales, utilizando la corrupción, el chantaje, la compra de voluntades dentro del Estado, la captura de las instituciones, para facilitar sus operaciones ilegales. Por lo tanto, también buscan operar en instancias legales (conformación de empresas de fachada, sean financieras o personas jurídicas para lavar dinero, etc.). (…) Ahora las organizaciones criminales no solo buscan intervenir u operar en el sector privado, sino asimismo en el Estado, a fin de acumular no solo capital, sino poder político y económico; logrando ingresar al seno del Estado, aprovechándose de su debilidad frente a la cohesión de la estructura de los grupos de la delincuencia organizada. Es así que se busca generar o establecer redes criminales en el interior de instituciones estatales con la finalidad de lograr la impunidad de sus actos, ya que así podrán controlar a las fuerzas de seguridad; por ejemplo, al poder político y al poder judicial, usando la institucionalidad pública para el desarrollo de sus actividades ilegales. De esta forma, las organizaciones criminales buscan capturar al Estado, consiguiendo instalarse dentro de este para el logro de sus fines criminales…”.
Asistimos, pues, a la ratificación de que la justicia peruana es cualquier cosa, menos justicia. ¡Antes bien, es todo lo contrario! Desde que, a comienzos de siglo, los caviares secuestraron el Poder Judicial y el Ministerio Público, desapareció nuestro sistema de justicia, habiendo sido reemplazado por otro perverso —y de carácter político—, clarísimo exponente de la injusticia teledirigida desde las cavernas socialistas, como opera hoy la justicia peruana, tras su nefasta caviarización. Reiteramos que esto sucede desde que esa camorra caviar, que encabeza Gustavo Gorriti, decidió inconstitucionalmente secuestrar dos instituciones vertebrales: la Fiscalía y el Poder Judicial.
Consecuentemente, salvo que Dios disponga lo contrario, el proceso contra Susana Villarán será un nuevo sainete que concluirá con su exculpación y consagración como prócer de la democracia.

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