Susana Villarán, Odebrecht y el pacto del silencio judicial

Mientras no exista una sentencia firme contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, la impunidad seguirá extendiéndose sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción político-empresarial en la región. La falta de condena no es un detalle menor. En el juicio en Estados Unidos entre el alcalde Rafael López Aliaga y la concesionaria Rutas de Lima, Villarán aparece como presunta responsable. Sin embargo, el contrato que firmó con dicha empresa sigue vigente, ya que en el Perú no se ha probado nada de forma concluyente.

Este vacío judicial genera un efecto perverso: protege a quienes deberían estar rindiendo cuentas. Muchos sinvergüenzas están —por ahora— a salvo. El sistema parece diseñado para garantizar la impunidad, permitiendo que el proceso se dilate hasta volverse inofensivo.

Una eventual sentencia contra Villarán marcaría un punto de inflexión. El acto jurídico que dio origen al contrato con Rutas de Lima quedaría automáticamente invalidado. Así caería el andamiaje legal que sostiene la concesión, y se probaría que el contrato fue fruto de la corrupción.

Si este hecho se confirma judicialmente en Estados Unidos, más allá de lo que ocurra en Perú, las consecuencias serían aún mayores. Se pondría en riesgo el acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia estadounidense, el cual se basa en la confesión total de los delitos por parte de la empresa brasileña. Si se descubre que mintió u ocultó información, ese acuerdo se anula, junto con la narrativa de redención y cooperación que Odebrecht ha construido.

Por eso hay tanto interés en que Villarán no llegue a juicio. Maniobras legales, silencios cómplices y recursos dilatorios sabotean la justicia. Lo que está en juego no es solo el destino de una exalcaldesa, sino la estabilidad de un sistema de poder que ha hecho de la impunidad una norma y de la corrupción, un método.

La defensa de Villarán y sus redes políticas y empresariales también encubre a Odebrecht. No se trata solo de proteger a una persona, sino de preservar un modelo de corrupción profundamente arraigado, operado por funcionarios, empresarios, consultores y operadores judiciales. La llamada “caviarada” no es únicamente un sector político, sino una red que ha colonizado el sistema judicial para blindarse.

Lo que vemos hoy no es una simple demora procesal. Es un pacto de silencio disfrazado de legalidad. Una maquinaria que se mueve con precisión para evitar que todo se derrumbe. Porque si cae Villarán, puede caer Odebrecht. Y si cae Odebrecht, muchos más caerán con ella.

El ciudadano común lo percibe. Sabe que la justicia no llega, que los verdaderos responsables siguen lejos del banquillo. Pero también intuye que la verdad, aunque tardía, es inevitable. Y esa verdad sigue palpitando, incómoda y persistente, en cada rincón donde aún hay quienes se atreven a mirar.

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