¡Suspendan a Pedro Castillo!

Si nos ceñimos a la legalidad, la cuestión de confianza que presentó el premier Aníbal Torres por un proyecto de ley que busca derogar la norma que reitera que toda reforma constitucional que vaya a referéndum tiene que ser aprobada previamente por el Congreso, debería ser declarada improcedente. Y no procede básicamente porque el proyecto no tiene nada que ver con ninguna política general de gobierno. De acuerdo a la ley que desarrolla la cuestión de confianza, el Ejecutivo solo puede utilizar este mecanismo por asuntos relacionados a la concreción de su política de gobierno y no por competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento u otro organismo constitucional. Este, evidentemente, no es el caso.

Pero no podemos limitarnos a la legalidad cuando estamos frente a una probable organización criminal. La cuestión de confianza planteada el último jueves por Torres tiene como único objetivo cerrar el Congreso. Los escuderos del presidente Pedro Castillo, Alejandro Salas y Félix Chero, ya han adelantado que, si el Legislativo declara improcedente la confianza, se interpretará como si esta hubiese sido negada, a pesar de que la ley mencionada líneas arriba indica que es el Congreso el que interpreta si la cuestión de confianza fue aprobada o no. Sumado a ello, el primer ministro amenazó con presentar cuestiones de confianza simultáneas por diversos proyectos de ley para poner contra las cuerdas al Parlamento. La estrategia ya está trazada para asestar un golpe de Estado similar al del lagarto Martín Vizcarra y su actor.

El discurso del Gobierno para las plazas es que el Congreso le ha recortado a la ciudadanía el derecho a someter a referéndum directamente, tras recolectar cierto número de firmas, cualquier iniciativa, incluso las que plantean cambios en la Constitución, como esa que propone la eventual la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Sin embargo, el artículo 206 de la Constitución señala que toda reforma constitucional que vaya a consulta popular debe ser aprobada antes por el Legislativo. Jamás ha sido legal la frustrada intentona del comunista Guillermo Bermejo de recolectar firmas y someter a referéndum la improbable instauración de una Asamblea Constituyente.

Pero, reitero, no estamos en una situación normal donde prima la ley. Así que, ante la avanzada del Gobierno, el Congreso debe suspender a Pedro Castillo, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución. Para ello solo se necesitan 66 votos. Una vez suspendido, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podrá pasar su investigación contra el mandatario por ser el supuesto cabecilla de una organización criminal a etapa preparatoria.

De ocurrir esto último, la titular del Ministerio Público ya estaría facultada para solicitar una prisión preventiva contra Castillo por obstrucción a la justicia. La respuesta debe ser inmediata y certera, de lo contrario, el Parlamento quedará disuelto y se habrá acabado la democracia en el Perú. No es momento para tibiezas.

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