¡Tanto va el cántaro al agua…!

Como estaba previsto, el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo el lunes una sesión conducida por tres magistrados de dicho fuero, presididos por Gustavo Gutiérrez Ticse e integrados, además, por César Ochoa Cardich y Helder Domínguez Haro. El objeto fue escuchar los argumentos que esgrimen dos fiscaletes involucrados en el ocultamiento criminal del “Acuerdo” (propiamente pacto) “secreto de Colaboración Eficaz”, suscrito por los fiscales Rafael Vela y José Pérez con el exrepresentante de Odebrecht, históricamente hablando, la principal estafadora del Estado peruano.
Como también era de esperarse, la apertura –o “deslacrado”– del citado “acuerdo” –bautizado por este escriba como “pacto de la infamia”– firmado por ambos fiscaletes Vela y Pérez, sencillamente no se dio por razones inexplicables e injustificables, de estricta responsabilidad de la, en aquellos momentos, representante del Ministerio Público. En efecto, al requerir a esta el magistrado Ochoa Cardich si la oposición del Ministerio Público se basaba en alguna ley para sustentar su negativa a que ese pacto fuese de conocimiento público, esta incapacitada –presuntamente– abogada del Ministerio Público –pagada con dinero del Estado; es decir, suyo, amable lector– no supo qué responder. ¡Porque evidentemente, no existe ley alguna que lo prohíba!
Al repreguntar el magistrado, la supuesta procuradora de la Fiscalía tuvo que admitir que el Ministerio Público se basa en “interpretaciones de varias leyes”, para luego requerir al representante del Tribunal Constitucional que, de todas formas, “el pacto debe quedar permanentemente lacrado”. Al respecto, el magistrado Ochoa Cardich inquirió a la procuradora de la Fiscalía: “¿Este acuerdo se celebró de buena fe, o no está ejecutándose de buena fe?”. La representante de la Fiscalía acabó enredada en naderías, para concluir hablando necedades e imprecisiones respecto a “procesos judiciales”.
Frente a ello, el magistrado volvió a la carga, requiriéndole: “¿Usted puede afirmar ante la opinión pública, no solamente ante este Tribunal –porque este es un acto público– que el acuerdo está ejecutándose de buena fe?”. Y la respuesta de la vocera de la Fiscalía fue: “Por la contraparte, no”. Transcurrido algún tiempo, Ochoa Cardich volvería a la carga: “Por eso pregunto, ¿dónde está ese marco (legal) del acuerdo?”, evidentemente refiriéndose al secretismo del documento. La respuesta de la Procuraduría de la Fiscalía fue una elocuente “cantinflada”: “Taxativamente no lo menciona. Es una interpretación porque, como digo, forma parte de este proceso”.
La única explicación posible para que la Fiscalía de la Nación haya enviado a una representante de tan baja estofa al TC es porque, sencillamente, si conocemos que los fiscales desmerecen en todo momento el Congreso de la República, consideran que eso mismo pueden –y deben– hacer con el Tribunal Constitucional para, de esta manera, seguir manteniendo la insuperable jerarquía que ha alcanzado entre todas las entidades del Estado.
Señores miembros de los tres únicos poderes constitucionales: es tiempo de poner en orden la Fiscalía de la Nación. La anomia que está generando gentuza como los Gorritis –usando de extorsionador al Ministerio Público para gobernar escondidos tras bambalinas– puede desembocar en una eclosión sociopolítica sin precedentes.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.