Tarjeta amarilla para el Gobierno

La primera tarjeta amarilla para el gobierno de Pedro Castillo la ha mostrado el Tribunal Constitucional. En una columna anterior, señalé que el único responsable para interpretar las decisiones y acciones del Congreso de la República es el mismo Congreso y no el sombrero. El TC ha establecido la orden definitiva para no interpretar normas ni artículos de manera poco inteligente y antojadiza. Asimismo, ha ordenado al sombrero no pretender disolver el Congreso con estrategias mediocres que insultan el Estado de Derecho en el que, se supone, no estamos permitidos de interpretar normas a un nivel de principiante.

El Congreso de la República, pusilánime, no está atacando. Sólo se defiende como puede y con quienes puede. No considero al Tribunal Constitucional un “aliado” del Congreso -como aseguran nuestros amigos caviares twitteros-, porque no se necesita tener el cerebro de Stephen Hawking para darnos cuenta que el Gobierno cometió tremenda burrada al pretender ordenar al Congreso derogar una norma aprobada y reglamentada. El Gobierno pretende vivir en una República bananera que les ha hecho creer que están por encima de nuestras normas y de la Constitución que buscan “cambiar”. Pero acaban de pisar tierra con la resolución emitida por el TC.

Ha quedado claro que la estrategia que pretendió utilizar el Gobierno del sombrero no obtuvo los resultados que ellos esperaban. Todos sabemos que la naturaleza de un izquierdista o comunista es el autoritarismo y el desprecio al orden constitucional. El Acta de la sesión del Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2022 demuestra las ganas desmedidas que tiene el Gobierno de liberarse de un Congreso que no se somete en su totalidad: si no son parte del “club de los Niños”, serán parte de un Congreso disuelto. Sin embargo, el Congreso, por ahora, está sobreviviendo.
¿Qué estarán tramando los asesores de Pedro Castillo? ¿Qué planteamiento tendrá el gran abogado, Aníbal Torres, para poner nervioso al Congreso? ¿Dónde meterán la cabeza los constitucionalistas que aseguraron que Pedro Castillo podía interpretar la decisión del Congreso como una denegación de la cuestión de confianza? ¿Los “defensores de los pobres” respetarán las decisiones del TC? Debemos recordar que vivimos en un Estado de Derecho y las decisiones de la máxima institución responsable de interpretar la Constitución, se respetan y acatan. Y el Gobierno y sus niños deben asimilar que cualquier acto que viole las órdenes del Tribunal Constitucional representa una clara decisión de cometer un golpe de Estado.

Lo siento, estimado Omar Cairo, pero el Tribunal Constitucional fue más y no existe discusión sobre el tema. No existe la denegación fáctica de cuestión de confianza y el Congreso es la única institución que puede aprobar o derogar normas.

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