¡Terrorismo nunca más!

El 14 de agosto último se publicó la Ley N.º 32419, aprobada por el Congreso de la República el 21 de julio de 2025. Dicha ley concede –tal como es facultad constitucional del Poder Legislativo– amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Se excluye de la amnistía a quienes fueren imputados o denunciados por delito de terrorismo o corrupción de funcionarios.
Esta norma es similar, en cuanto al perdón otorgado, a la Ley N.º 26479, dictada en junio de 1995, precisada en cuanto a su interpretación y alcances por la Ley N.º 26492, del mismo mes y año.
Considero que la ley puesta en vigencia hace unos días busca no solo enmendar el insultante desequilibrio en el trato que se ha venido dando a quienes, como Fuerzas del Orden, fueron enviados y muchas veces sobreexigidos –trasladados de una a otra zona de emergencia sin siquiera el mínimo de recuperación, reposo o asistencia psicológica– para combatir a las hordas terroristas (de Sendero Luminoso y del MRTA) que venían causando muerte y destrucción en las zonas andinas y de la Selva Central, y el trato dado a los criminales que, mediante el terror, buscaban imponer su ideología contraria a la dignidad y libertades humanas.
A fines del año 2000 no solo se derogó la ley de amnistía de 1995, sino que se inició una brutal arremetida contra los miembros de las Fuerzas del Orden e, incluso, traicioneramente, se puso sus identidades en manos de jueces politizados y hasta captados por la ideología senderista, y comenzó la cascada interminable de denuncias y persecución, atribuyéndoles generalizadamente y sin prueba alguna crímenes atroces (hasta las víctimas que Sendero y el MRTA habían causado).
Mientras eso sucedía, los delincuentes terroristas —sentenciados y procesados— eran beneficiados con indultos, reducciones de pena (que se ocultaron a la ciudadanía bajo el rótulo de “secreto de Estado”), millonarias indemnizaciones mediante concertadas y delincuenciales denuncias y allanamientos ante el sistema interamericano de derechos humanos, penetrado desde entonces, y hoy más aún, por la ideología extremista y agentes vinculados a sus organizaciones de fachada y defensa.
Perseguir a los miembros de las Fuerzas del Orden, en tanto que terroristas convictos y confesos circulan por las calles y continúan difundiendo su pensamiento de odio y justificación de los actos terroristas y de sus organizaciones criminales, implica poner al Perú y a los peruanos en estado de indefensión ante futura agresión extremista.

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