Terrorista Polay reclama lo que negó a sus víctimas
Hace unos días la opinión pública conoció del informe de admisibilidad (favorable) que el 20 de marzo de 2022 emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a una denuncia presentada el año 2007 a favor de V. Polay Campos, cabecilla de la organización terrorista MRTA, en la que alega que el Perú violó sus derechos de integridad personal, goce de garantías judiciales, principio de legalidad penal y adecuada protección judicial.
La denuncia fue presentada por la madre y hermana del terrorista, por el asesor de un rabioso marxista, felizmente ya desaparecido y por un connotado aprista y destacado jurista como Javier Valle Riestra (JVR). Me pregunto si JVR seguirá respaldando el cinismo que de principio significa la denuncia en favor de un personaje como Polay, que negó con sus actos no solo las garantías que se reclama para él sino que pisoteó el derecho a la vida de numerosas víctimas secuestradas, torturadas en atroces cárceles del pueblo y ajusticiadas sin ningún miramiento solo por ser peruanos de bien y emprendedores que permanecieron en el Perú pese a las amenazas terroristas.
Resulta que el Estado peruano, había respondido - ¿con blandenguería?- la denuncia en tiempos de la encargatura del despacho presidencial de la República de F. Sagasti, lamentable coincidencia ya que fue éste quien perpetró la agraviante petición de autógrafos a los cabecillas de la banda de terroristas del MRTA que tomó por asalto la residencia del embajador de Japón y mantuvo por meses secuestrados y amenazados de muerte a más de un centenar de rehenes, pretendiendo la liberación de los terroristas encarcelados, entre ellos Polay. Eso explica por qué no nos habíamos enterado de la existencia de este proceso.
El silencio sospechoso de parte de la burocracia gubernamental, que en el pasado ha encubierto decenas de casos de allanamientos y claudicación ante los reclamos de terroristas convictos y confesos, como los sucedidos en el gobierno corrupto de Toledo, me lleva a insistir en la necesidad de que se establezca legalmente la obligación de que el Poder Ejecutivo ponga en conocimiento del Congreso de la República, para su opinión previa, toda respuesta que el Estado peruano pretenda dar a denuncias o demandas contra el Perú planteadas ante los organismos internacionales. Tal fue el tenor del proyecto de ley N° 2560/2013-CR que presenté en agosto de 2013 y que pese a tener dictamen de la Comisión de Justicia al humalismo, mayoritario en el Congreso de la República, no le interesó poner a debate en el Pleno.
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