Tiempo de definiciones, no de indecisiones

Nadie discute que el gobierno de Dina Boluarte nos ha permitido salir de la plaga extremista, golpista y corrupta, infestada de la peor muestra de la decadencia moral de nuestra política, que se encaramó en el poder con el gobierno de Castillo.

Sin embargo, luego de su extenso mensaje a la Nación, todo el Perú se ha convencido de que no tenemos ni gobernabilidad ni gobernanza, sino a un gobierno que privilegia el dejar hacer y dejar pasar para sobrevivir, aliado con un Congreso que, ensoberbecido con su rol de sostén del gobierno de Boluarte, está haciendo todo, hasta lo imposible, para desprestigiar su propia institucionalidad y destruir la poca credibilidad social que le queda.

Si el Ejecutivo y el Legislativo creen que, por depender uno del otro de manera recíproca para sobrevivir, pueden hacer lo que les dé la gana blindando sinvergüenzas, traficando votos, aprovecharse de los fondos públicos del Congreso para beneficios personales, escándalos personales, acuerdos bajo la mesa para perder el tiempo discutiendo y votando por una bicameralidad mal planteada y peor discutida para, al final, dejar todo para un referéndum que la izquierda busca para mantener vivo su proyecto de una nueva Constitución, entre otras muchas linduras, se equivocan de cabo a rabo si creen que la población les concederá un voto de tolerancia de plazo indefinido.

El Perú necesita que el Ejecutivo defina una política concreta y coherente de gobierno con planes de corto, mediano y largo plazo, contando con una metodología de inversión mediante la cual no se nos diga cuánto van a invertir en cada proyecto sino el cómo y en qué (hay que estar atentos al combate contra el dengue y el Niño Global).

Cualquier política de desarrollo exige paz y justicia social y ésta no puede obtenerse en un ambiente en el cual la delincuencia gobierna calles y plazas, las organizaciones criminales infestan las ciudades y el campo de los negocios más viles y de un sicariato implacable porque casi no existen negocios, por muy pequeños que sean, que no estén sujetos a cupos.
En ese escenario, la institucionalidad de nuestra policía se halla demolida y politizada, con graves indicadores de corrupción interna y desconfianza en comandos que cambian al gusto del gobierno con los pases a retiro administrados a favor del interés político.

En equipos nuestra policía carece de todo y en entrenamiento cada unidad hace lo que puede. Es como si estuviéramos poniendo a nuestros policías a merced de las organizaciones criminales porque la alternativa no es incrementar el serenazgo, que ayuda, pero no reemplaza.

El Congreso no tiene en proyecto un marco normativo que integre un plan de repotenciamiento policial, pero con un marco jurídico idóneo que facilite su actuar en la guerra con una delincuencia cada vez más agresiva, impulsando en el sistema de justicia una jurisprudencia coherente con esta lucha.

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