Tiene razón el director…, de EXPRESO

“Hemos tocado fondo” precisa el Sr. Antonio Ramírez Pando, Director de Expreso, cuando manifiesta su preocupación, que es la misma la de todos los peruanos que hace mucho tiempo desean una administración de justicia rápida, transparente y justa, y que en su editorial del día de ayer lo titula “Es necesario declarar en emergencia el sistema judicial peruano”.
Pues, luego de identificar una serie de anomalías en el funcionamiento de la justicia en el Perú, de las cuales estamos acostumbrados a padecerla a pesar de las incontables “reformas del Poder Judicial” que se han venido sucediendo a través de los lustros, seguimos estando sin ver soluciones al final del túnel del tiempo.
“Declarar en emergencia” significa hacer frente, de inmediato, a un problema agudo que requiere tomar decisiones en las que, los intereses y aspiraciones personales o de grupo, sean dejados de lado y, en su lugar, prime el interés general, que es lo que nunca se debió de haber descuidado.
En ese sentido, me permito insistir en la necesidad de que el famoso principio de la “separación de poderes”, término cuyo uso en el ámbito de la dinámica política, cada vez es más manoseado cuando se quiere defender intereses particulares, en su lugar, debe ser el verdadero instrumento que inspire el accionar de los órganos estatales, dando lugar que la acción política no se judicialice, y la justicia no se politice. O, lo que es lo mismo, que la política, o mejor los políticos, no actúen por temor a que la justicia los presione; y que la justicia, o mejor los jueces y fiscales, cuando tengan que tomar decisiones en el ámbito jurisdiccional, no lo hagan por la presión política, sino inspirados en lo establecido en el ordenamiento jurídico interno y siempre con el afán de dar y asegurar la justicia.
Para ello, se hace necesario que las propuestas para reencaminar en la búsqueda de soluciones sean producto del trabajo de las personas e instituciones vinculadas con la administración de justicia; es decir, se aparte del manejo político a “los políticos de profesión”. Ello quiere decir que el Poder Judicial (los jueces en todos sus estamentos), el Ministerio Público (los fiscales en todos sus niveles), los Colegios de Abogados a nivel nacional, los otros Colegios de Profesionales, y las Facultades de Derecho de las Universidades públicas y privadas sean los que deben de estar involucrados en la presentación de propuestas para salir de “este fondo” en el cual se encuentra nuestra administración de justicia.
Por su puesto que, tal como lo hemos venido proponiendo desde hace mucho tiempo, en el entendido que el problema de las instituciones u organismos del Estado no es su estructura u organización, sino la calidad, condiciones y características de las personas que los integran; el caso de la Junta Nacional de Justicia, que debe continuar llamándose Consejo Nacional de la Magistratura, sí tiene un problema de origen, por haberse politizado la designación de sus integrantes, razón por la cual se requiere, a la brevedad (antes que se designen a los que reemplacen a los actuales junteros) que, de inmediato debe decidirse el modificar el procedimiento de selección y nombramiento de sus integrantes. Para ello, suficiente con verificar cómo era cuando existía el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos consejeros eran elegidos (no designados) por diversas instituciones académicas y gremiales, despolitizándose así la conformación del órgano constitucional que selecciona y sanciona a quienes van a administrar la justicia en el Perú. Capaz, lo que sí no se debe de descuidar es difundir con mucha amplitud las características y antecedentes personales de quienes sean postulados para ocupar dichos cargos, de tal manera que se asegure su independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones.
Por lo demás; cuanto más se aleje del control político la búsqueda de alternativas de solución al problema de la justicia en nuestra Patria, más nos aseguramos que no será una “reforma más”, sino una respuesta al “estado de emergencia” en la cual se encuentra nuestra administración de justicia.

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