¿Tiene solución la crisis por la que atraviesa el sistema de administración de justicia?

En mi artículo de la semana anterior recordé mi adhesión al criterio seguido por el Congreso Constituyente Democrático (CCD), respecto a mantener a los poderes Legislativo y Ejecutivo lejos de la designación de altos funcionarios.
La Constitución Política de 1993, al disponer en su artículo 154° que jueces y fiscales de todos los niveles serían nombrados, previo concurso público de méritos y evaluación personal, y ratificados cada siete años por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), hoy Junta Nacional de Justicia (JNJ) según reforma constitucional por Ley N° 30904, de enero de 2019, se apartó de la regla establecida por la Constitución Política de 1979, (artículo 254°) y por la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, de marzo de 1981, (artículo 48°) según las cuales jueces y fiscales serían nombrados por el presidente de la República a propuesta del CNM, con la particularidad de que en el caso de los jueces de la Corte Suprema y los fiscales supremos así como del Fiscal de la Nación, tales nombramientos serían ratificados por el Senado de la República.
Como señalé también el martes pasado, la medida antes descrita que buscaba neutralizar las naturales parcialidades de la política partidaria (solo los partidos y alianzas de ellos postulan candidatos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo), ha sido indebidamente aprovechada por grupos que suelen hacerse del poder, e instrumentalizarlo en su favor, sin siquiera someterse a la voluntad popular sino más bien capturando instituciones, infiltrándolas y desviándolas de su misión. Prueba de ello es la guerra interna, sin límites ni escrúpulos, disfrazada de argumentos jurídicos y hasta morales, que hoy se vive al interior del Ministerio Público, nutrida por la gran ineficacia de la JNJ –en casi un quinquenio– para eliminar la provisionalidad y nombrar fiscales titulares al máximo y mediano nivel jerárquico.
Y qué decir de los jueces, que sin pudor alguno violentan día a día la Constitución y se atreven a desconocer las facultades exclusivas y excluyentes que la Ley Fundamental atribuye al Poder Legislativo. Todo ello con el propósito de beneficiar indebidamente a personas que se encuentra sujetas a fiscalización y sanción política por ese poder del Estado.
Es necesario y urgente enmendar la situación actual y por ello propongo también que mediando el debate necesario, como corresponde a un tema opinable, se retorne a la intervención del Congreso de la República en la designación de jueces y fiscales supremos y se incluya la de los miembros de la JNJ.

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