Todos aportamos para solucionar la crisis, menos la burocracia

¿Podrá Vizcarra continuar exigiéndole solidaridad al país, si no comparte sus ingresos como funcionario público para solventar esta crisis?

Mal que bien, los limeños vienen cumpliendo la cuarentena. Evidentemente, dentro de los diez millones de seres humanos esparcidos a lo largo de un territorio tan vasto como el de nuestra capital, existen excepciones generadas por la pobrísima educación cívica que imparte el Estado, a un elevadísimo costo social para el contribuyente. Por tanto, hay que reconocer el sacrificio de tanta gente que no sólo vive recluida en forma compulsiva en sus domicilios –en casos como las zonas populares, situados en áridas laderas de cerro donde no existe agua potable ni servicio de alcantarillado, ni tampoco las viviendas, los caminos y/o las escaleras son de material noble- sino que, además, la mayor parte de esa población ha dejado de percibir ingresos debido a la prohibición para acudir a laborar. Peruanos que viven al día de lo que producen. Sea en condición de trabajadores estables y/o eventuales de alguna empresa, así como aquellos que laboran como auto empleados en su categoría de emprendedores, generando a la vez empleo para millones de pobladores que viven en aquel submundo de la informalidad, de donde obtienen recursos sólo para subsistir. En otras palabras, la gran parte de los peruanos -aún sanos- han sido afectados por las medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia Covid-19. Unos sufren más –inclusive mucho más- que otros. Pero, al fin y al cabo, todos resultan perjudicados por la paralización que ha desatado este virus de marras embrionado en China.

Todos, claro está, menos esa elite llamada burocracia, que abarca desde el presidente de la República y sus ministros (autores de las medidas de confinamiento domiciliario y/o la prohibición de trabajar); altas direcciones ministeriales, una gigantesca masa de empleados públicos; los atiborrados servidores del Legislativo y Judicial, así como el Ministerio Público; las incontrolables gobernaciones regionales y alcaldías distritales y provinciales cargadas de millones de servidores, etc. Y a este universo que conforma el círculo estatal, amigo lector, es usted quien puntualmente le paga su remuneración. Trabaje o no trabaje, esta gigantesca elite burocrática pública –ajena a principios de meritocracia, eficiencia, puntualidad, etc.- recibe su salario de nuestros impuestos. Tributos que pagan los peruanos que laboran haciendo méritos en empresas que luchan por producir en un escenario de severísima competencia; así como aquellos emprendedores que se ingenian para vender desde baratijas hasta lo que fuere, muchas de las veces con tal de llevar dinero sólo para sobrevivir. Aunque la mayor parte ni aún así lo consigue.

Apostilla. En Uruguay (cuyo sueldo mínimo -US$380- es similar al peruano), gobierna Luis Lacalle, un presidente liberal-centrista. Allá el gobernante ha dispuesto rebajar los salarios y pensiones de todos los funcionarios públicos –desde el mandatario al último amanuense- para generar un fondo de solidaridad que ayude a cubrir los gastos que provocará la pandemia Covid-19. “Hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación, y todos debemos empujar el carro”, sostiene Lacalle.