A trabajar por el país

El congreso ha otorgado, al Ejecutivo, facultades legislativas. Ahora está en manos del gobierno enfrentar los problemas más álgidos y cotidianos que agobian a la población, fortaleciendo las medidas de atención frente a hechos muy graves de violencia contra la mujer y la familia, así como dinamizar los procesos de atención y de respuesta frente casos de desaparición de las personas. Asimismo, el gobierno podrá autorizar el uso de recursos por canon y sobrecanon para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, respetando, sin embargo, la autonomía de los gobiernos regionales o locales, según fuere el caso, en todo el territorio nacional.

La facultad legislativa concedida, comprende normar una serie de áreas de gestión pública que, a juicio del Ejecutivo, deben ser asumidas sin mayor trámite y de manera célere en su ejecución, debido a la magnitud de los problemas que se deben enfrentar para dar tranquilidad a la población. Estamos a solo un par de meses de la llegada del fenómeno El Niño Global y no se advierte obras avanzadas para evitar sus consecuencias que, se anuncian, serán catastróficas.

Esta situación de extrema orfandad preocupa a la población que habita las zonas vulnerables en el norte y sur del país: unos, por exceso de lluvias que, a su paso, arrasan con casas, puentes, y caminos viales, provocando muerte y desolación; otros, por ausencia de lluvias lo que trae consigo sequedad y muerte de animales y personas vulnerables en las zonas altas de nuestros Andes.

La presidenta Dina Boluarte anunció, a su retorno de un viaje oficial a los Estados Unidos, que su gobierno y los ministros que lo acompañan han tomado medidas planificadas y muy puntuales para mitigar los daños que pudieren ocasionar los fenómenos de la naturaleza. Es lo que se espera y se desea. Ojalá se haya aprendido de experiencias pasadas, porque el fenómeno de El Niño no es nuevo. Estuvo anunciado hace mucho tiempo. Respecto del problema de la inseguridad ciudadana, la mandataria señaló: “Uno de los temas prioritarios en la agenda nacional es la seguridad ciudadana. El Congreso ha respondido a las demandas de la población y ha aprobado las delegaciones solicitadas por el Ejecutivo para abordar este problema. Además, se han programado reuniones con los alcaldes para trabajar en conjunto en un plan integral que será presentado por el Ministro del Interior”.

Esta semana, por otra parte, la televisión informó, en directo, la diligencia fiscal que se realizó, en simultáneo, en la oficina y vivienda del congresista Guillermo Bermejo. A él se le imputa el delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado, por el denominado caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, informó la fiscalía. Un aspirante a colaborador eficaz habría señalado que el parlamentario de izquierda habría recibido dos coimas como parte de la repartición de dos obras en Junín y Piura. El representante rechazó la veracidad de ese hecho, refiriendo que se trata de una persecución política.

La investigación fiscal tiene la alta responsabilidad de investigar a profundidad este caso que, como otros, despierta el interés de la población por lo que representa el parlamentario. Una encuesta reciente de Ipsos concluyó que el 36% de peruanos se mostraron a favor de que el Congreso también lo investigue y lo acuse constitucionalmente, puesto que, según la misma encuestadora, un 84% de peruanos no cree en la palabra del legislador.
Esta enrarecida atmósfera es la que se respira todos los días. La sombra de la corrupción campea con libertad. Los reportes de la prensa dan cuenta de esta dolorosa realidad que el país vive desde hace unos lustros. Nunca como ahora hemos asistido a que las noticias policiales hayan terminado por desplazar a los hechos políticos como sí lo fueron hace algunas décadas atrás. Una lástima.