Tráfico de animales: amenaza letal

En Colombia esta práctica, que solo en el país andino mueve cerca de 23,000 millones de dólares, está dejando en los huesos el patrimonio natural. Y también ha provocado que el hallazgo de ranas moribundas en cajas de zapato o guacamayas en botellas de gaseosas sean el día a día de las autoridades ambientales. Esta es, dicen, la cruz del segundo país más biodiverso del mundo.

Colombia tiene registradas 63,300 especies. Y solo el año pasado se incautaron al menos un ejemplar de 20,000 de ellas. “Es un problema muy grave en el país”, explica por teléfono Adriana Lucía Santa Méndez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para la responsable, la solución pasa por dos puntos claves: educación ambiental en las comunidades y no permitir la impunidad de este delito.

Las cifras en el mundo son aterradoras. Cada año se trafican alrededor de 30,000 mamíferos, entre dos y cinco millones de aves, más de dos millones de reptiles y 6,000 millones de peces y anfibios, según Cites, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El principal factor que detona esta práctica es, dicen los expertos, la demanda, que no disminuye dado el bajo riesgo asociado para el traficante. En Colombia, este es el principal factor por el que hay 1,302 amenazadas o en peligro de extinción.

Las familias más amedrentadas son los primates, los reptiles y los psitácidos (loros y papagayos). Los clientes –principalmente estadounidenses, europeos y asiáticos– pagan hasta 15,000 dólares por las guacamayas y 10,000 por los monos de cabeza blanca. “Aunque se ha trabajado mucho en el decomiso, este tráfico no recibe la misma atención del Gobierno que el de drogas. Aún hace falta un buen registro de datos, más recursos y personal más cualificado”, indica una de las representantes del Programa de Combate al Tráfico de Vida Silvestre de WSC, quien prefiere no revelar su identidad por miedo a las represalias. “Tenemos que dejar de asociar esta práctica con lo cultural. Es un delito y tiene un impacto enorme en la economía, la biodiversidad y las propias comunidades”.

Aunque las autoridades ambientales hacen hincapié en la sensibilización de los lugareños, la realidad es que, para muchos, la venta de estos animales constituye el único medio de vida. Algunas de las zonas que gozan de mayor riqueza natural (como los departamentos de Amazonas, La Guajira y Chocó) también son las regiones de mayor vulnerabilidad del país y donde mayor ha sido la huella del conflicto armado. Fuente: EL PAÍS

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