Tres puntos negros
No es posible dejar de comentar un conjunto de inexplicables desatinos (o torpezas) cometidas por el Gobierno.
1.- Prohibir que mayores de 65 años salgan de su domicilio y, como excepcional concesión, autorizarlos a pasear en espacios públicos tres veces a la semana y por una hora, restricción cuartelera a la que se sumó que tampoco pudieran recibir visitas de familiares, hijos y nietos. Así, miles de seres humanos resultaron confinados, inmovilizados, aislados, reducidos a condición de minusválidos, en circunstancias que nuestro país registra el mayor numero de muertos e infectados en el mundo, por millón de habitantes, por la pésima gestión gubernamental frente al Covid-19.
De acuerdo al INEI, la cifra de adultos mayores de 60 años asciende a 4 millones 400 mil personas -la mayoría superan 65 años-, población vulnerable y atemorizada, que protestó por una medida inconstitucional que afecta su derecho a la libre circulación y al trabajo, provocando al mismo tiempos graves cuadros depresivos.
En ese contexto, en lugar de prohibir, hubiera bastado recomendar limitar sus salidas, cumpliendo protocolos sanitarios, lo que finalmente hizo el Gobierno ante la amenaza de plantones de indignados ciudadanos y la seguridad de que el Poder Judicial resolvería favorablemente un recurso de amparo presentado por el jurista Enrique Ghersi, para derogar la malhadada norma.
2.- Ha sido censurable que el Gobierno elimine por Decreto de Urgencia 118-2020 el feriado no laborable del 8 de octubre, fecha en que el país rinde fervoroso homenaje a la memoria del gran almirante Miguel Grau y a la heroica tripulación del monitor Huáscar, inmolada en el Combate de Angamos. Ese reconocimiento fue instituido el 3 de junio de 1940, por Ley 9126, estableciendo que el 8 de octubre de cada año recordemos a nuestros ilustres marinos y, 50 años más tarde, el 7 de noviembre de 1991, la medida fue complementada con el decreto legislativo 713, del 7 de noviembre de 1991, que determinó que esa fecha era día no laborable.
Extraña, empero, que un Consejo de Ministros presidido por un militar, aprobara un dispositivo que sin duda afecta la fibra patriótica de los peruanos y especialmente de nuestra armada. Más grave aún, considerando que esa norma es abiertamente inconstitucional porque una ley de la República no puede derogarse por decreto de urgencia, solo aplicable para temas económicos y financieros, como ha recordado el periodista Alfredo Vignolo (Expreso 3/10/2020).
3.- Sin aminorar el escándalo Swing y el creciente desconcierto ciudadano ante las próximas elecciones, donde compiten 24 candidatos presidenciales, la mayoría con membresía facilitada por organizaciones ectoplasmáticas, resulta preocupante observar la ligereza conque el Gobierno proyecta la vacuna anti-Covid-19, sin existir ninguna seguridad de cuánto llegará y cuándo se aplicará en el país. Este es, sin duda, un asunto extremadamente sensible, porque de su correcta implementación depende la vida y tranquilidad de millones de angustiados peruanos y que, por esa misma consideración, el tema debe ser manejado con sobriedad y sin la menor sombra que el Poder Ejecutivo pretende manipularlo en búsqueda de réditos políticos.
