Tribunal Constitucional «constituyente»
El TC, cual «Asamblea Constituyente», pretende reemplazar el presidencialismo gubernamental por el congresalismo. Es la única lectura posible de su sentencia del 23 de febrero último en la demanda de conflicto competencial interpuesta por el Congreso contra el Poder Judicial.
El Congreso pide al TC declarar que los jueces no pueden interferir con amparos y/o medidas cautelares en los casos de nombramiento del Defensor del Pueblo y Magistrados del TC que suelen hacerse con concursos de escándalo jurídico y moral.
Tanto el Congreso demandante como el TC parten del error de que el Congreso es el primer poder del Estado, lo que
NO es verdad :
1) El congresista es elegido solo por departamentos y simple mayoría mientras que el Presidente es elegido por toda la Nación y mayoría absoluta.
2) Los congresistas están prohibidos de gobernar. Únicamente legislan y fiscalizan al gobierno del Presidente, mientras que éste es Jefe de Estado (del que el Congreso es parte), único Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía y personifica a la Nación.
Significa que el Congreso no es gobierno ni puede serlo.
El único punto de la demanda es prohibir la intervención de los jueces en los procesos concursales. Pero, motu proprio, la sentencia ordena a la Junta Nacional de Justicia sancionar a los jueces que hubieran intervenido.
Incluso, el TC exhorta al Congreso modificar el artículo 99 de la Constitución, añadiendo a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como acusables ante la Comisión Permanente del Congreso.
El Pleno de la Corte Suprema ha rechazado la sentencia del TC pero su presidente, hasta ahora, no lo publica.
El escenario nacional es de tensión máxima: siniestro social de revolución sangrienta, siniestro natural (inundaciones) y choque entre máximas instancias TC versus Poder Judicial.
Encima, el Congreso al haber elegido írritamente en septiembre 2022 a su actual presidente Williams, con 68 votos, se ha cerrado jurídicamente aunque subsista de fuerza: Constitución artículo 46, «…Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas». Es decir, son nulos todos los actos del Congreso desde septiembre 2022. Su situación es peor que de disuelto.
La Presidenta tiene la obligación de recurrir al Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, donde la Fuerza Armada es protagonista principal para que el JNE que administra justicia en materia electoral proceda a remplazar a los promotores de la rebelión del Congreso por sus accesitarios. El Congreso resucitaría.
El Congreso, el TC y la Fiscalía están en delito.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
