Trump y la nacionalidad estadounidense

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que juramentó en el cargo, por segunda y última vez, el pasado lunes 20 de enero, ha dictado la orden ejecutiva que deroga el derecho a la nacionalidad estadounidense –muchos refieren la denominación “ciudadanía”, erradamente–, que tienen calidad ipso iure (automáticamente de derecho) los nacidos en el territorio nacional, y cuyos padres sean ilegales o no naturalizados. La medida, que todavía debe pasar por diversos filtros en el propio poder ejecutivo estadounidense y en el Congreso de los Estados Unidos de América, colisiona con la histórica y única Constitución que conserva vigente este país desde 1787, once años después de producida la independencia de las Trece Colonias, en 1776. Se trata de una completa incompatibilidad con el derecho humano inmanente del que se ufana ejemplarmente la nación más poderosa del planeta. Un despropósito y un antijurídico que Washington decida no otorgar la nacionalidad a los hijos de migrantes ilegales que nazcan en su territorio. Lo anterior consuma, además, un impacto contra el referido derecho humano en su calidad de derecho natural que conocemos en la doctrina como ius soli –derecho del suelo–, que consagra el derecho a ser nacional de un Estado a quienes ganaron esa calidad por el solo hecho de venir al mundo dentro del territorio de dicho Estado. La inmensa mayoría de los Estados de la comunidad internacional reconocen y respetan el ius soli. En el rigor de la doctrina sobre el ius soli jamás la situación jurídica de los padres es un elemento de valoración o de condición para otorgar o negar la nacionalidad de los hijos nacidos en territorio extranjero. Uno de los más graves problemas que genera el impedimento de contar la nacionalidad es la aparición de los apátridas o personas que carecen de nacionalidad, una realidad trágica e insostenible en el mundo contemporáneo. Siendo un derecho fundamental de la persona humana contar con una nacionalidad, el anuncio de Trump, que seguramente gustará a los sectores que aplauden políticas de endurecimiento contra los migrantes, solo consigue alentar la polarización político-social y la injusticia, más allá de la naturaleza soberana de la medida, pues todo no puede circunscribirse a acciones positivas o normativas, y menos en un país donde el derecho no es precisamente positivo sino casuístico, es decir, donde el criterio jurídico está muy pegado a la búsqueda de la justicia, tal como ayer se lo recordó la obispa de la Iglesia Episcopal, Mariann Budde, durante la celebración de un servicio religioso a la que asistió Trump con su familia. Es probable que el presidente se muestre indiferente con las protestas ciudadanas que le exigen el mayor respeto de la Constitución que ha vuelto a jurar su cumplimiento, pero también lo es que el magnate neoyorquino no renunciará al pragmatismo como regla, mirando la montaña de adhesiones que ganará para un bolsón político más grande como el que requerirá para cuando lleve adelante otras reformas en el país.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Excanciller del Perú e Internacionalista

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