Un acuerdo censurable

El acuerdo entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht no solo ha sido un fiasco económico y jurídico, sino que también constituye un testimonio de la fragilidad de las instituciones encargadas de proteger los intereses de la nación. Desde su concepción hasta su ejecución, este convenio ha estado plagado de insuficiencias que no solo perjudican al país, sino que también envían un mensaje de impunidad y falta de seriedad en la lucha contra la corrupción.

«Reparación civil: una burla al daño causado
El monto fijado para la reparación civil, de apenas 610 millones de soles, resulta insultante frente a los daños colosales infligidos al Perú. Si bien la Procuraduría había solicitado inicialmente 3 mil millones de soles, la inexplicable reducción de esta cifra deja en evidencia la falta de voluntad para defender los intereses del Estado. ¿En qué momento se decidió que el país debía conformarse con tan poco? ¿Dónde quedó la representación de los ciudadanos que exigen justicia? Esta cifra irrisoria perpetúa el daño económico y moral, mientras las consecuencias de la corrupción continúan afectando los servicios públicos esenciales, desde la infraestructura hasta la salud y la educación.

«Responsabilidad limitada: un acuerdo a medias
Reducir la responsabilidad de Odebrecht a solo cuatro proyectos, dejando fuera 13 casos adicionales de corrupción, es otra muestra de la debilidad de este acuerdo. Esto no solo permite que los actos ilícitos vinculados a esos proyectos queden impunes, sino que también genera una percepción de parcialidad y favoritismo hacia la empresa. ¿Qué impide que, en el futuro, otras corporaciones corruptas negocien términos similares? El precedente es nefasto: si la corrupción no se investiga ni se sanciona de manera integral, se perpetúan las prácticas ilícitas y la impunidad.

«Opacidad y falta de transparencia: una traición a los ciudadanos
La cláusula de confidencialidad incluida en el acuerdo —que no cumplió con el mandato de hacerse pública tras la homologación— refuerza la desconfianza hacia las instituciones estatales. ¿Cómo es posible que un acuerdo que afecta el destino de millones de peruanos haya sido manejado en las sombras? Esta falta de transparencia no solo debilita la credibilidad del gobierno, sino que también fomenta la sensación de que se protege a los poderosos en detrimento del pueblo.

«Un beneficio desproporcionado para Odebrecht
El trato privilegiado otorgado a Odebrecht es simplemente inaceptable. Las cláusulas que eximen a la empresa de nuevas responsabilidades en caso de descubrirse más corrupción son un regalo descarado. Además, la devolución de 524 millones de soles tras la venta de Chaglla, que no fue destinada íntegramente a la reparación civil, refleja una negligencia imperdonable en la gestión del acuerdo. ¿Cómo puede permitirse que una empresa con un historial tan oscuro reciba tales concesiones mientras las víctimas del desfalco siguen pagando las consecuencias?

«Fallas en la colaboración internacional y sanciones mínimas
La información proporcionada por Odebrecht como parte del acuerdo fue limitada y condicionada, sin contribuir significativamente al esclarecimiento de casos clave. Esta “colaboración” más pareció una estrategia de control de daños para la empresa que un esfuerzo genuino por buscar justicia. Por si fuera poco, las sanciones penales derivadas del acuerdo han sido mínimas, dejando sin condena a muchos responsables y generando dudas sobre la efectividad de este convenio para castigar a los culpables.

«Arbitrajes internacionales: una amenaza latente
El hecho de que el acuerdo no haya incluido medidas para
proteger al Perú de arbitrajes internacionales es una falla estratégica. Ahora, Odebrecht tiene la osadía de iniciar procesos legales
contra el Estado, lo que podría derivar en más pérdidas económicas para el país. Es irónico y trágico que quienes deberían estar indemnizando al Perú busquen ahora lucrar a través de demandas internacionales.

«Un Estado sin control ni supervisión
Finalmente, la falta de rigor en la supervisión de los compromisos asumidos por Odebrecht es otro punto oscuro. Que la empresa haya podido continuar operando sin asumir plenamente las consecuencias de sus actos ilícitos evidencia una falla estructural en el control estatal. La corrupción no solo reside en las empresas, sino también en los mecanismos que deberían frenarla.

«Un llamado a la acción
El acuerdo con Odebrecht es una advertencia clara de lo que sucede cuando el Estado prioriza intereses externos o privados por encima de los nacionales. Es urgente que se revisen los términos de este convenio, se realicen nuevas investigaciones y se tomen medidas efectivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Más importante aún, es imperativo que se restituya la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, mostrando un compromiso real con la lucha contra la corrupción.

«El daño ya está hecho, pero el futuro aún puede cambiarse
Para que el Perú avance, es necesario que las
autoridades y la sociedad civil trabajen juntas para construir un sistema donde la corrupción no encuentre refugio y donde los intereses del país prevalezcan sobre cualquier otro. Este caso no debe ser el epílogo de nuestra historia de corrupción, sino el inicio de una transformación profunda y duradera.

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