A un año del rompimiento definitivo con la RASD que fuera interrumpido

Una de las primeras medidas de Estado en materia de política exterior que adoptó el gobierno del Perú durante el tiempo en que fui canciller, fue decidir el rompimiento de relaciones con la autoproclamada “República Árabe Saharaui Democrática” (RASD), que ya había sido suspendida en 1996, pero lamentablemente restituida sin ningún ápice de consideración jurídico-política con la incólume posición peruana, por parte de mi antecesor Óscar Maurtua y mantenida por César Landa, ambos ministros solamente pendientes de hacer lo que sea necesario o a cualquier precio con tal de conservar el cargo. Por eso, con el pragmatismo que exige las relaciones internacionales contemporáneas, lo que hicimos fue corregir en tiempo real y con el derecho internacional en la mano, la desvinculación con una entidad que no cuenta con el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas.

Aquella medida que cortamos había sido lo más sorprendente, y diría mejor, lo más escandaloso que sucedió a nuestra afamada diplomacia. El Perú se había disparado a los pies con la referida restitución y nuestro prestigio internacional conseguido con esfuerzo y brillo por Torre Tagle, por esa medida sufrió un detrimento notable que afectó seriamente nuestras relaciones con Marruecos –hoy congeladas–, país con el cual habíamos venimos cultivando una de las más fluidas y acertadas vinculaciones, realmente de primer orden y de las mejores que podamos mantener con un país africano tan dinámico, próspero y relevante en la política internacional, pues al restituir las relaciones con la RASD estábamos impactando a la soberanía de Rabat sobre el Sahara marroquí.

No actuemos de espaldas al realismo político internacional y sobre todo no sigamos manteniendo una errada postura jugándole mal al derecho internacional. Sigamos coherentemente el decurso de la sensatez de países como Estados Unidos de América, España e Israel, cuya gravitación con peso específico para nuestros intereses en el mundo –lo que no necesita de mayor explicación–, en los últimos tiempos han reconocido, como anteriormente una inmensa mayoría de países de la comunidad internacional, la referida soberanía de Rabat sobre el Sahara Occidental.

El gobierno del Perú, en esta nueva etapa de afirmaciones, tiene una inmejorable oportunidad y un contexto idóneo para volver al Comunicado del 18 de agosto de 2022, como hoy, por lo que una decisión de corrección en ese sentido dará a la presidenta Boluarte, no solo la oportunidad de mostrar sus reflejos de estadista, sino que, además, contribuirá al mejoramiento progresivo de su imagen y la de su gobierno, injustamente lapidadas por sectores anarquistas que siguen pidiendo su renuncia.

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