Un Estado en ruinas
La sociedad peruana atraviesa un episodio autodestructivo, aparentemente sin visos de solución en el corto; inclusive el mediano plazo. El Perú se bambolea envuelto en una coyuntura caótica zarandeado por las turbas. Las violentísimas turbas, manipuladas por operadores extranjeros especializados en subvertir el orden, aplicando metodología terrorista con evidente éxito. Está claro que parte del territorio nacional lo controlan organizaciones siniestras, a través del cierre de las carreteras. Y consecuentemente, el desabastecimiento generalizado que somete a las poblaciones al poder de mafias operadas por los enemigos de la democracia, quienes intentan retornar al poder tras la vacancia constitucional que removió del gobierno al golpista y setenta veces imputado por corrupción, Pedro Castillo.
Lamentablemente el régimen que constitucionalmente sustituye al que presidió el hoy presidiario Pedro Castillo, sencillamente no tiene rumbo, liderazgo ni conocimientos básicos del Estado. Simplemente se ha instalado en el Ejecutivo porque así lo dicta la Constitución. ¡Estos tiempos autodestructivos reverberan en todo orden de cosas! Particularmente en la implosión del Estado delante de nuestras narices, a partir del desgobierno inaugurado por Castillo. El hecho es que hoy nada funciona como marchaba el Perú a lo largo de aquella década de oro -2000 al 2010- donde conseguimos reducir la pobreza junto con un enorme desarrollo socioeconómico. Ocurrió, repetimos, entre el inicio de este siglo y el triunfo electoral de Ollanta Humala con su mancha izquierdista. Desde entonces, el Perú ha venido degradándose progresiva, perversamente, al extremo que en 2021 los peruanos votaron por un auténtico analfabeto; un recalcitrante socio de sendero luminoso; un corrupto por sus cuatro costados y, finalmente, un anti demócrata golpista decidido a que se desate una guerra civil en el Perú.
A qué extremo de anarquismo habremos llegado que el Estado es incapaz de controlar la subversión terrorista; de defender al pueblo de la violencia general; de restituir el orden en las carreteras; de importar urea. Incluso las instituciones del Estado, conformantes del Sistema Nacional de Justicia, no pueden operar. Es más, el ministerio de Justicia ni siquiera es capaz de impedir que el reo Pedro Castillo se dé el lujo de convocar a cierta prensa extranjera a concederle entrevistas. No sólo para retroalimentar el odio entre peruanos, sino para dejar sentada como válida su versión de los hechos, respecto al golpe de Estado que perpetró por televisión en vivo y en directo. Igualmente, la Fiscalía no cuenta con presupuesto para atender la miríada de casos que, vertiginosamente, van acumulándose. Consecuencia de ello no sólo es el caos generalizado, sino la impunidad para decenas de miles de delincuentes que continúan haciendo de las suyas.
Al respecto, EXPRESO informó ayer que la Dirección de la PNP, que investiga el Lavado de Activos, necesitará abandonar su local “porque ha sido subastado”. Asimismo la Morgue no puede realizar diligencias básicas por falta de recursos; entre ellas investigar las causales de muerte de aquellos sesenta ciudadanos fallecidos durante las asonadas extremistas de diciembre/enero, instigadas por partidarios del miserable Pedro Castillo.
¿Con ese Estado los políticamente correctos intentan adelantar las elecciones?
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