Un gobierno sin rumbo
La única autodefinición del régimen Vizcarra –más claramente de la gestión Kuczynki-Vizcarra– es que “este es un gobierno que lucha contra la corrupción”. Ahora bien, la voz y la letra lo aguantan todo. De manera que del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque, francamente, este gobierno sólo juega a batallar contra la corrupción. Y lo más grave es que este juego lo aplica a disfrazar su incapacidad como enemigo de la corrupción, tildando de corruptos a sus opositores mientras a todos los suyos los llama santurrones. En esto estriba concretamente la bronca anticorrupción de mandatario Vizcarra. No hay po-lí-ti-ca anticorrupción, debidamente definida. Como tampoco los ministros y funcionarios del Ejecutivo han sido evaluados para defender al país de semejante karma. Pruebas al canto. El infame preacuerdo Peru-Odebrecht –que mantuviera tan convenientemente oculto una Procuraduria que depende del Ministerio de Justicia; es decir de Palacio de Gobierno– le ha reventado en la cara al presidente heredero de Kuczynski, trayendo por tierra todo el edificio de falacias que había construido alrededor de su presunta guerra contra la corrupcion. El entreguismo –al haber establecido una indemnización vergonzante– y el favoritismo de este régimen –que ha incluido en este pacto ofensivo tan solamente a cuatro del medio centenar de obras corrrompidas de Odebrecht– revelan la engañosa proclamación del Gobierno de que la suya es una gestión anticorrupción.
Por tanto si este régimen carece de una política anticorrupción habría que preguntarse: ¿Qué políticas tiene entonces el vizcarrismo? La respuesta es: ninguna. No existe po-lí-ti-ca de gobierno. Ni pro ni anti. Ni contra el terrorismo, ni para encarar la mega delincuencia ni menos para fomentar la inversión. Las leyes que aplica están desfasadas. Y no plantea iniciativas para sustituirlas. Por ejemplo, las leyes desguarecen al policía cuando enfrenta a criminales que lo amenazan con armas blancas y/o de fuego. ¿La consecuencia? Los jueces aplican normativas perversas que les permiten enviar a la cárcel a los custodios que, en uso de las facultades que tiene todo cuerpo policial –acá y en cualquier país civilizado– disparan contra los malechores. Y de otra parte los fiscales se dedican a liberar a los facinerosos detenidos –in fraganti o no– por la Policía perpetrando delitos de cualquier magnitud, dejando en peligrosisima inseguridad a la ciudadanía a merced de una criminalidad organizada que campea tanto en las calles como en unas cárceles que sirven de universidades del crimen. Estas evidentes formas de abandono a la población reflejan en toda su magnitud la carencia de políticas de gobierno.
Tampoco existe una política para reducir la esquizofrénica tramitomanía que cunde en este país, comandada por un ejército de burócratas al servicio de sus caprichos y contrarios a los usuarios del Estado, a quienes deben servir cortés y eficientemente, pues son quienes le pagan el sueldo. Ni qué decir de la falta de políticas preventivas y reactivas ante desastres naturales. Tras dos años de ocurrido, las víctimas del Niño permanecen abandonadas. ¿Es esto posible, presidente Vizcarra?
En conclusión, un gobierno sin políticas definidas solamente ahondará la podredumbre.
