Un nuevo Congreso en tiempo de oscuridad
La pandemia ha sacudido al Perú, que percibe el peligro que un virus letal puede acabar con la vida de millares de personas.
Ante ese riesgo, es hora de la unidad, de la más alta responsabilidad cívica de las autoridades del gobierno central, municipal y regional, así como de la sociedad en su conjunto.
Si bien prevención y salubridad son fundamentales en este dramático escenario, también debe ser objetivo nacional transitar por una ruta de razonable de concertación y humana fraternidad.
En ese contexto, debemos entender que la distancia en el pensamiento y la acción política no debe convertir a unos peruanos en enemigos de otros, sino en coyunturales opositores que deben desplegar un generoso esfuerzo por acercarse y superar desinteligencias.
Los peruanos no queremos observar desplegadas las banderas del odio y la maldad, del insulto y la calumnia, antivalores que -como un virus- se expanden a través de perversas y descocadas declaraciones, cuyos autores solo buscan notoriedad y atención en los medios de prensa.
Ahora que entrará en funciones un nuevo Parlamento, es tiempo de concertación y de un ejercicio político de alto nivel.
No queremos escuchar frases huecas e hirientes de legisladores deslenguados ni de rencillas políticas faranduleras.
No al obstruccionismo al Poder Ejecutivo, pero tampoco sometimiento del Congreso, que debe actuar con autonomía plena en ejercicio de sus funciones constitucionales, sin temor a las amenazas ni abdicando de la inmunidad parlamentaria, derecho que debe ser regulado para evitar que se repitan excesos que mellaron gravemente la imagen institucional.
Que tampoco se utilice el escaño como plataforma para dañar honras, sembrar dudas sobre la dignidad de las personas o para difundir información malsana y sin sustento. Menos para perder tiempo en proyectos absurdos, cuando conocemos que sus autores solo buscan clientelaje y cobertura periodística para hacerse notar.
Hay temas urgentes que abordar.
El primero, sin duda, la inseguridad ciudadana, que crece alarmantemente.
No sólo se trata de promulgar o modificar leyes, sino de dotar de recursos al gobierno para aumentar el número de efectivos policiales y adquirir equipos de tecnología de punta, como, por ejemplo, cámaras de vídeo vigilancia. O para determinar legalmente el campo de participación de las Fuerzas Armadas en esta delicada tarea, en apoyo de la policía. Y, sin duda, ese esfuerzo debe extenderse a facilitar de recursos presupuestales al Poder Ejecutivo para que construyan nuevos centros penitenciarios, porque los existentes son vergonzosos depósitos humanos, donde los internos superviven miserablemente, un 40% de ellos en condición de inculpados.
Y, desde luego, también es hora que el Congreso regule las causales de las detenciones preventivas, convertidas no en un mecanismo excepcional, sino en medida abusiva, en pena anticipada, como ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el pleno de la Corte Suprema y prestigiados constitucionalistas.
Leyes claras, también, para sancionar grabaciones ilegales y a quienes filtren a los medios de comunicación correos, audios, documentos y vídeos que se encuentran en carpetas reservadas de los fiscales, hechos que ocurren frecuentemente a pesar de estar prohibidos por ley y de constituir una práctica incompatible con una sociedad democrática.
El Congreso puede desarrollar muchas acciones positivas. El país estará expectante de su trabajo, que es bastante para el poco tiempo que ejercerán el cargo y cuando sabemos que un punto central de la agenda será designar una comisión investigadora sobre los desconocidos acuerdos entre la fiscalía y Odebrecht. El país, en este aspecto, demanda un trabajo serio, eficiente, sin estridencias, con la responsabilidad que exige este tiempo de oscuridad del cual debemos salir airosos.
