Un pronunciamiento atendible

El viernes pasado, decenas de altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro publicaron un importante pronunciamiento que debería ser considerado con mucha atención por las instituciones de la sociedad y el Estado, así como por la ciudadanía.

Los oficiales empiezan puntualizando con precisión el motivo de su comunicado: “preocupados por la grave situación de riesgos a la Seguridad y Defensa Nacional ocasionada por las autoridades del Poder Ejecutivo”.

En efecto, hoy día no solo está amenazada la democracia y el bienestar de todos los peruanos, sino la seguridad y la defensa nacional, y el culpable inequívoco es el Gobierno.

Luego pasan a detallar una larga lista de hechos que evidencian las tropelías cometidas por el Gobierno que ponen en riesgo la seguridad y defensa, entre los que están:

- El presupuesto de Defensa más bajo de las últimas décadas para el 2022.

- El mal empleo de los escasos recursos de las FF.AA. (helicópteros, aviones y vehículos de combate).

- La evidente complacencia de la inaceptable injerencia extranjera (Cuba, Bolivia y Venezuela) en el quehacer nacional.

- La interferencia en los procesos de ascensos de oficiales de las FF.AA., afectando la meritocracia y la línea de comando.

- El relevo arbitrario e injustificado de los Comandantes Generales del EP y la FAP, afectando la institucionalidad de las FF.AA.

- El empleo inadecuado de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia común y el crimen organizado.

- La desatención a los actos delincuenciales contra los principales centros de explotación minera del país, que ocasionan el deterioro de la economía nacional.

- La intención de cerrar 45 bases contraterroristas en el Vraem, pese a la presencia de remanentes terroristas de Sendero Luminoso.

- La designación de prefectos y subprefectos pertenecientes al Conare-Movadef (asociado a Sendero Luminoso).

- La desacertada política contra el narcotráfico y minería ilegal.

- El nombramiento de autoridades y funcionarios del Gobierno con antecedentes penales diversos y judiciales de terrorismo y/o apología al terrorismo.

- La sucesiva provocación a la violencia de los principales políticos del partido de gobierno, que buscan la destrucción del Estado de Derecho.

- Las permanentes denuncias de probables actos delictivos que involucran a altos funcionarios del Estado y al mismo jefe de Gobierno.

El pronunciamiento concluye afirmando que “no puede permitirse la realización de constantes y permanentes acciones que ponen en peligro la institucionalidad, dignidad, integridad, seguridad y defensa nacional”, por lo que exhortan “a las Instituciones Nacionales que adopten las ‘decisiones y medidas correspondientes’, para cumplir de manera cabal y correcta con las obligaciones y deberes establecidos en nuestra Constitución”. (La exhortación también incluye al Presidente, como un formulismo, porque es obvio a estas alturas que ese individuo no va a rectificar su aviesa conducta).

El tiempo para revertir esta situación se agota. Esperar impasibles el zarpazo –anunciado por los cabecillas de la gavilla encaramada en el poder- es suicida. Las instituciones deben tomar las medidas correspondientes para cumplir con su deber.

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