Un tribunal subregional andino de DD.HH. por la Corte IDH
Muchos de los que están en contra de la aplicación de la pena de muerte en el país para los violadores sexuales que, como consecuencia del ultraje, sus víctimas, menores de edad, mueren, vienen arguyendo que, por hallarnos fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos quedaríamos sin supranacionalidad –o sea, sin una corte fuera del ámbito nacional–, y que eso es malo. Su preocupación es sensata, pero parcial, pues, mientras vamos contando el tiempo del preaviso de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos conforme al artículo 78 del instrumento panamericano, que es de un año, nuestro país deberá ir consensuando con los demás Estados miembros de la Comunidad Andina –Bolivia, Colombia y Ecuador–, para contar los cuatro países de la CAN, con un Tribunal Subregional Andino de Derechos Humanos, y así aseguraremos la referida supranacionalidad. Hay que incidir en que es un mito creer que, por salirnos de la Corte, seremos sancionados y que, además, quedarán en la orfandad nuestros derechos. La razón es que, hallándose prevista la denuncia en la propia Convención, resultará completamente ilógico que un Estado sea sancionado si acaso activa uno de sus mecanismos como prerrogativa soberana y unilateral con la que cuentan los Estados. En otras palabras, ningún país puede atarse a un tratado que ya no le convenga. No se dejen engañar. Lo que debemos hacer es fortalecer nuestro sistema judicial nacional o interno y asumirlo eminentemente garantista. Solo se recurre a lo supranacional en modo excepcional, nunca como regla, por lo que, para hacerlo, deberá haberse agotado la instancia nacional, y a eso llamamos carácter supletorio o complementario del sistema supranacional. Frente a una eventual denuncia de la anotada Convención, como se viene mentando en el nivel político, entonces, desde la academia, propongo, una vez más, que impulsemos la creación del Sistema Andino de Derechos Humanos con su referido tribunal, como lo tienen la Unión Europea, África y la Liga Árabe. La CAN cuenta con el Tribunal de Justicia (TJ), que es su órgano jurisdiccional, y que está encargado de dirimir definitivamente las controversias comerciales, aduaneras, etc., que pudieran surgir en el marco del ordenamiento jurídico comunitario; la idea sería ensanchar sus arreglos a los de derechos humanos. Es un asunto de decisión política y nada más que eso, y que, desde luego, deberá ser consensuado con Quito, Bogotá y La Paz, y lo más importante, no será incompatible con ser Estado miembro de la OEA. Todo lo demás es mito, mentira o demagogia.
Miguel Ángel Rodríguez Mackay
Excanciller del Perú e Internacionalista
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