Una ciudadanía peligrosamente amenazada

La semana pasada demandamos que el Congreso rechace esta atroz demagogia de prolongar el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), pues extenderle un nuevo plazo de vigencia a semejante esperpento no es más que prolongar la agonía de la economía peruana sustentada, fundamentalmente, en los ingresos que le genera la —castigada por las izquierdas— minería formal del Perú. Al respecto, cabe deplorar, una vez más, esa actitud mediocre, cobardona de las dirigencias gremiales de esta vital actividad que —tal como ocurre con casi todos los entes representativos de los múltiples sectores productivos— ha optado por la callada como respuesta, ante los exabruptos y abusos que sigue perpetrándoles el Estado.
Precisamente, debido al talante medroso de sus dirigencias que, de manera repudiable, rechazan plantar cara frente a los abusos en que —cada día con mayor procacidad— incurren nuestros gobernantes, violentando de manera inescrupulosa, ilegítima e inconstitucional los derechos que la ley y la Constitución peruana confieren a la empresa privada. Ya es hora de escuchar aquellos mensajes valientes, ilustrados y vibrantes de sentido común que escuchábamos de las dirigencias de la otrora verdadera Confiep, en los momentos dramáticos en que se hallaba este país. Como cuando la banca privada estuvo ad portas de ser estatizada.
Hoy, no obstante, solo escuchamos pusilánimes plegarias, blandengues reclamos y plañideros discursos, en momentos en que el país atraviesa quizá la más grave crisis que ha soportado el Estado peruano; y peor todavía, una que afecta la seguridad de los ciudadanos.
El Reinfo fue creado en 2012 como parte de un “proceso de formalización minera”, para eliminar en 12 meses la extracción informal —consecuentemente ilegal— de oro. Sin embargo, han transcurrido 288 meses, y todo sigue exactamente igual. Es decir, el Estado se encuentra absolutamente al margen de esta multimillonaria operación, sin percibir un centavo de impuestos. Mientras tanto, en ese mismo período, los mineros informales habrían triplicado el volumen de oro ilegal que extraían anualmente hasta 2021. De tal manera que este lobby ilícito ostenta suficiente poder económico como para doblegar fácilmente al Estado.
Sin embargo, la semana pasada el Congreso decidió volver a prorrogar el Reinfo por un año más, convirtiendo a este monstruo de mil cabezas en un auténtico peligro público. Porque de aquella operación ilegal —o delictiva— se nutren varias mafias, que podrían fácilmente atentar no solo contra el erario, sino contra la vida y la salud de los peruanos. La capacidad financiera que acopia esa mafia garantiza que sus dirigentes copen cualquier poder político, económico, etc.
El Perú, amable lector, hoy está a merced de los capos de la extracción informal, ilegal de oro. ¡Todo esto a un año de las elecciones! Sospechosamente, el mismo plazo que les ha otorgado el Congreso a través de la reciente “prórroga” de doce meses autorizada sin sustento técnico, financiero, legal ni, por cierto, opinión alguna de los expertos en seguridad nacional.
Consecuentemente, amable lector, estos doce meses de extensión para que el clan minero siga extrayendo oro informal, ilegal, delincuencial y criminalmente de nuestro territorio es un claro atentado cri-mi-nal contra nuestro futuro. Estamos notificados.

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