Una fiscalía escandalosamente politizada

Puesto contra las cuerdas –todo indica que ante la inminente difusión de informes que le involucrarían seriamente- el aún todopoderoso Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunciaba la mañana de ayer la ampliación de la “investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.”

Dependerá de la gravedad de la noticia que aparezca, implicando al escurridizo Sánchez, si esto es verdad o si se trata de un nuevo engaño de quien ejerce la representación del Ministerio Público en forma totalitaria. Sin la presencia de una constitucionalmente obligatoria Junta de Fiscales Supremos. Hecho que le permite actuar como el jerarca de la Fiscalía de la Nación, ya que sólo quedan dos fiscales supremos: él y la también cuestionada, como él, Zoraida Ávalos.

¡Porque como jefe máximo del Ministerio Público, él tiene doble voto! ¡Tal cual sucede con Jorge Salas Arenas, tóxico presidente del JNE! ¡Es esta la abracadabrante realidad de dos altas instituciones del Estado, amable lector! Todo lo que hagan y/o digan autoridades como estos dos sujetos, sólo dependerá de un juego delincuencial: reaccionar políticamente de acuerdo a la difusión de audios, videos pantallazos, etc., emitidos por tipejos ligados a la delincuencia, que buscan acogerse a la colaboración eficaz. Como ha ocurrido –con éxito- en los casos de Marcelo Odebrecht y su retahíla de ejecutivos de la corrupta constructora brasileña; o como José Graña Miró Quesada, por citar dos ejemplos emblemáticos, maniobrados en secreto por los fiscaletes Pérez y Barba.

No perdamos de vista, amable lector, que Pedro Castillo es un presidente que hace ya tiempo es investigado por corrupto. Una coyuntura jamás aceptada por nuestro Estado de Derecho y/o admitida por el sistema democrático. De no haber procedido Castillo de las miasmas comunistas –¡porque acá a la zurda se le admite de todo!- hace rato habría sido removido de la presidencia y enrejado con prisión preventiva. Seamos muy claros. Cualquier presidente electo, sea de derecha o centroderecha, con el prontuario y las evidencias de corruptelas que arrastra Castillo, hace rato habría sido vacado.

Gran parte de la culpa la tienen los únicos -dos de seis- fiscales supremos que tiene el Ministerio Público: Zoraida Ávalos y Pedro Sánchez. De haber actuado la Fiscalía en forma oportuna, el Perú no estaría soportando el espantoso nivel de exterminio de su Estado al que lo ha llevado el régimen comunista que nominalmente gestiona Castillo. Para empezar, la Fiscalía debió abrir investigación tras la denuncia de fraude electoral que le presentó un grupo de distinguidos peruanos encabezados por Lourdes Flores Nano.

De haberla atendido, otra sería hoy la realidad del Perú. EXPRESO publicó ayer una declaración de Julio Rodríguez, abogado de uno de los acusadores de Castillo, quien dejó una frase lapidaria: “Creo que la fiscalía no se ha metido a armar un caso (sobre el escándalo del Ministerio de Transportes) porque se le ocurrió que pudiera llegar al presidente (Castillo).”

Una nación sin Fiscalía independiente, como Perú, va directamente rumbo a caos total.

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