Una fiscalía inútil, parcializada y politizada
Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, ambos fiscales de la Nación, son una estafa como encargados de perseguir el crimen. Son responsables de que, transcurridos casi cinco años, no exista un solo ex presidente de la República ni la ex alcaldesa limeña acusados formalmente ante un juez, por el escándalo Lava Jato. La mayor estafa al país a través de la cual estos sujetos y sus cómplices habrían robado a los peruanos unos US$2,000 millones en coimas, a cambio de que el Estado pagase otros cuatro o cinco mil millones adicionales por obras con precios inflados, y/o proyectos que eran innecesarios, pero que la mafia constructora (Odebrecht, Graña y Montero, Camargo Correa, etc.) exigiera ejecutar como condición para pagarles las comisiones. El monto total del asalto al país por estos delincuentes no podrá saberse a ciencia cierta.
Como tampoco los nombres de todos los sinvergüenzas que recibieron dinero mal habido a través de la operación Lava Jato. No obstante, el pueblo demanda hace un lustro que la Justicia procese y condene a quienes, al menos, están identificados y vienen siendo investigados durante este tiempo. No obstante el Ministerio Público ha sido incapaz de producir una sola imputación formal contra ellos. Nos referimos principalmente a los ex presidentes Toledo, Humala, Kuczynski, Vizcarra y la ex alcaldesa Villarán, quienes por su latrocinio son grandes culpables de que el comunismo lograse tomar el poder. En este quinquenio, ya transcurrido, el Estado ha gastado centenares de millones de soles dilapidados fundamentalmente por dos sujetos de la peor estofa. Estos son José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.
Ambos, de la noche a la mañana, se convirtieron en protagonistas hollywoodenses, persiguiendo sólo a quienes, por razones políticas, personales y/o crematísticas, les convenía. No así a la mafia detrás de aquel aparato mediático liderado por El Comercio, La República, RPP, Latina TV. Porque en el fondo estos medios defienden los intereses políticos y económicos de muchos corrompidos, que se beneficiaron junto a los citados ex presidentes y la ex alcaldesa Villarán. Estos medios chantajean a la Fiscalía de la Nación para que, vía un pacto infame, no acuse a Odebrecht y a todos los suyos, ante la auténtica Justicia.
Vela Barba y Pérez Gómez han sido instrumentalizados por dos fiscales de la Nación, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, para manipular los expedientes del affaire Lava Jato, imponiéndoles consignas políticas dictadas por la cúpula caviar de la cual ambos dependen. ¿Por qué Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, que ahora la reemplaza por estar con “licencia médica”, han llegado a ejercer el cargo de fiscales de la Nación? Fundamentalmente porque, detrás de ellos anida el señorío caviar, cuyo más visible protagonista sigue siendo el Instituto de Defensa Legal, o Ideele, liderado por Gustavo Gorriti. ¿Quién es Gorriti? Un adalid del letal antiaprismo y antifujimorisrmo que llevó al poder a hipercorruptos como PPK, Toledo, Humala. Y finalmente, a la izquierda maoísta, pro sendero luminoso que ahora manda en este tragicómico país.
¡El Congreso debería investigar, procesar y separar a Sánchez y Ávalos!
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