Una idea inteligente

El abogado Natale Amprimo ha propuesto una interesante fórmula para retirar de sus cargos a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia y a los fiscales supremos que, en acción sincronizada, están destruyendo alevosamente el estado constitucional de derecho.
Plantea el jurista que el Congreso de la República apruebe una reforma a la Carta Fundamental para que los ex presidentes del Tribunal Constitucional asuman provisionalmente las funciones de la JNJ e inviten a profesionales competentes y con trayectoria para que los reemplacen en las fiscalías supremas, porque los actuales integrantes no tienen ninguna credibilidad y prestigio o, como dice Amprimo, “no generan confianza ni dan la talla. Están totalmente divididos, en bandos jalonados de uno y otro lado, y sin liderazgo alguno”.
Por ello, considera que esas instituciones “están heridas de muerte” y recuerda que uno de los fiscales llegó al extremo de ignorancia de negar el principio universal de la presunción de inocencia, al sostener que una persona denunciada debe demostrarlo que lo es en los tribunales.
Hemos visto, asimismo, que desde hace largo tiempo se aplica la inmoral política del doble rasero, con magistrados apoyando a quienes conviene a sus intereses y destruyendo a quienes no se encuentran en su panaca. A lo dicho, debemos agregar el uso y abuso de las detenciones preliminares, status en que se encuentran un 40% de reclusos.
“Me niego a quedarme con lo que hay. Si no se busca un cambio, habrá que apagar la luz”, concluye el constitucionalista.
No en vano las encuestas proyectan, en efecto, que la abrumadora mayoría de peruanos repudian ambas instituciones, una cantidad de disconformes que se acrecienta día a día.
¿Cómo pasar por alto, por ejemplo, que el Parlamento suspenda a la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, por negarse a investigar a Pedro Castillo y que esa decisión la revoque un juez, a pesar de que el Tribunal Constitucional resolvió que esa medida sancionadora es una atribución “exclusiva y excluyente” del Congreso de la República?
¿Por qué el silencio de la Autoridad de Control de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la JNJ ante hechos escandalosos como liberar a una treintena de integrantes de la banda criminal del Tren de Aragua, capturados por la Policía Nacional en Pachacámac y otros episodios similares, entre estos dictar comparecencia a malhechores que explotan sexualmente, secuestran, torturan y hasta asesinan a numerosas mujeres?
¿Cómo soslayar las graves denuncias contra Pablo Sánchez, quien siendo Fiscal de la Nación colocó en diversas instituciones públicas a sus tres hijos, y ordenó a un fiscal suspender una diligencia en IDL?: es el mismo Pablo Sánchez que acaba de ser suspendido 120 días por la ilegal angurria burocrática de cobrar tres remuneraciones del Estado.
Hemos visto, asimismo, fiscales adelantando opinión, paseándose muy orondos y figuretis por los canales de televisión para atacar a quien les venga en gana y que han sido acusados de filtrar a los medios de prensa carpetas reservadas, como sostuvo el doctor José Luis Sardón, ex miembro del TC.
No podemos mantenernos silentes, impasibles, ante estos actos de barbarie que golpean el corazón de la democracia.
El 16 de noviembre de 1940, mi padre, Carlos Gonzales Posada, publicó un artículo en la revista “Independencia”, de Pisco, donde sostuvo que “el mecanismo de la administración de justicia es uno de los más complicados y difíciles en la vida civilizada de los pueblos. Su buen funcionamiento, a la vez que es índice de un grado elevado de cultura y dignidad cívicas, es la verdadera garantía del orden, la paz y el progreso; así como, a la inversa, su mal funcionamiento implican circunstancias que rebajan la categoría moral de un pueblo y sus individuos, dejando abierto y libre el campo de la arbitrariedad y el caos”.
Lamentablemente, con el actual sistema de justicia, impera la arbitrariedad y el caos, porque algunos magistrados tracaleros utilizan sus cargos como manoplas políticas.

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