Una institución atrapada en la desconfianza

Desde que el caso Lava Jato estalló en Brasil en el año 2014, sus ramificaciones se extendieron rápidamente por América Latina, dejando al descubierto una red de corrupción transnacional que comprometía a altos funcionarios, empresarios y líderes políticos. En el Perú, este escándalo no solo desnudó la penetración de intereses privados en el aparato estatal, sino que también puso en evidencia las profundas debilidades del sistema de justicia, en especial de la Fiscalía de la Nación, institución que desde entonces atraviesa una crisis de legitimidad que se ha agudizado con el paso del tiempo.
Lo que en un inicio se presentó como una gran oportunidad para limpiar la política peruana y castigar a los responsables, rápidamente se convirtió en un proceso cuestionado por su falta de transparencia, imparcialidad y resultados concretos. Las investigaciones del Ministerio Público en el marco del caso Lava Jato han sido marcadas por decisiones inconsistentes, reemplazos sospechosos de fiscales, filtraciones selectivas de información y una alarmante percepción de selectividad en las acciones
penales. Todo ello ha debilitado la confianza ciudadana en la Fiscalía como ente autónomo y garante de justicia.
Uno de los puntos más críticos ha sido la falta de resultados tangibles. A más de una década del inicio del caso, no existe una sola sentencia firme que cierre el capítulo de corrupción más importante de nuestra historia reciente. Peor aún, las empresas involucradas, como Odebrecht, OAS y otras constructoras brasileñas, no solo han evitado sanciones ejemplares, sino que en algunos casos han continuado operando o han llegado a acuerdos cuestionables con las autoridades peruanas. A esto se suma el silencio o la inacción frente a otras empresas nacionales implicadas, como Graña y Montero, lo que refuerza la idea de una justicia selectiva.
El problema no se limita a un caso específico. Desde 2014, la Fiscalía de la Nación ha sido blanco de múltiples denuncias internas: persecución a fiscales probos, politización de los nombramientos, injerencias externas, filtraciones interesadas y una creciente incapacidad para actuar frente a los grandes casos de corrupción. En lugar de fortalecerse, la institución ha dado señales de
estar capturada por intereses políticos y
económicos que bloquean cualquier intento de reforma estructural.
Esta crisis institucional no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también políticas y sociales. Una Fiscalía desacreditada alimenta el sentimiento de impunidad que erosiona la credibilidad en el Estado. Cuando los ciudadanos perciben que los corruptos no son castigados y que la justicia se aplica con sesgo, se socava la cohesión social y se estimula la desobediencia civil. El Ministerio Público, lejos de ser el escudo contra la impunidad, se ha convertido en una de sus principales víctimas y, en algunos casos, en su cómplice.
No todo está perdido. Existen fiscales comprometidos con la legalidad y el servicio público, pero su trabajo es muchas veces obstaculizado desde dentro. Por ello, se requiere una reforma profunda del Ministerio Público, que garantice su independencia, profesionalismo y rendición de cuentas. Esto implica revisar los mecanismos de selección y evaluación de fiscales, fortalecer la carrera fiscal, blindar a los investigadores honestos y eliminar cualquier interferencia política.
El Perú no puede avanzar sin un sistema de justicia confiable. La Fiscalía de la Nación debe ser parte de la solución y no del problema. La ciudadanía exige instituciones que estén a la altura de su mandato constitucional y moral. Mientras eso no ocurra, el descrédito seguirá creciendo, y con él, la crisis de nuestra democracia.

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