Una justicia politizada no es justicia

La igualdad ante la justicia es un principio fundamental en cualquier sociedad democrática, aunque en la práctica puede ser difícil de alcanzar. En el caso del Perú, esta dificultad se ve agravada por problemas ajenos a la justicia y que afectan los intereses nacionales y la estabilidad del país. Uno de los principales problemas es la transformación de algunas instituciones, en principio autónomas, en instrumentos de control político. Eso convierte, por ejemplo, a la DIVIAC en una siniestra policía política que, como sucedía en la desaparecida URSS y sus países satélites, reprime a los políticos o autoridades que no se alinean con el statu quo.

La influencia de la política en el ámbito judicial puede tener consecuencias profundas y preocupantes para la sociedad y el Estado de derecho. No hace mucho fuimos testigos de cómo, luego de capturar la presidencia de la República con intrigas, Martín Vizcarra disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura y estableció una Junta Nacional de Justicia a la medida de sus intereses. Cuando las ideologías políticas se entrelazan con las decisiones judiciales, se abre la puerta a una serie de problemas que socavan los principios fundamentales de justicia e imparcialidad.

En primer lugar, como estamos viendo, la politización del sistema judicial da lugar a la corrupción. Los jueces y funcionarios judiciales pueden ser tentados a tomar decisiones que favorezcan a ciertos intereses políticos o económicos a cambio de beneficios personales o profesionales. Esto mina la integridad del sistema judicial y erosiona la confianza pública en su capacidad para administrar justicia de manera imparcial.

La politización, además, puede conducir a una falta de imparcialidad en los procesos legales. Los casos pueden ser juzgados no en función de la evidencia y la ley, sino según las afinidades políticas de los involucrados. Esto pone en peligro los derechos individuales y la igualdad ante la ley, porque las personas pueden ser juzgadas de manera injusta o discriminatoria debido a su afiliación política o a sus creencias, como está sucediendo hoy en el Perú.
Otro problema derivado de la politización del sistema judicial es la manipulación de los procesos legales con fines políticos. Los casos pueden ser utilizados como herramientas para perseguir o silenciar a opositores políticos, lo que socava la democracia y el pluralismo político. Esto puede crear un clima de intimidación y represión que inhibe la participación cívica y limita el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación.

En última instancia, estas prácticas minan la confianza pública en el sistema judicial y debilitan la legitimidad de las instituciones democráticas. La justicia debe ser vista como un poder independiente y neutral, capaz de garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos y de actuar como contrapeso efectivo frente al poder político. Por lo tanto, es crucial proteger la independencia judicial y fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir cualquier forma de politización o corrupción en el sistema judicial.

Es esencial contar con mecanismos sólidos de separación de poderes y supervisión para prevenir y combatir este tipo de abusos. La independencia del poder judicial, la transparencia en los procesos judiciales y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para garantizar la igualdad ante la justicia y proteger los derechos de todos los ciudadanos.

La sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la vigilancia y denuncia de cualquier intento de politización o corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, en nuestra realidad sucede exactamente lo contrario, con algunos medios de comunicación ligados a grupos de poder que se ponen al servicio de los intereses de la corrupción. Solo a través de un compromiso firme con la democracia y el Estado de derecho se puede aspirar a una justicia verdaderamente imparcial y equitativa en el Perú.

La situación en que vivimos es un ejemplo preocupante de cómo ciertos medios de comunicación pueden desviar la atención del público de temas fundamentales hacia cuestiones triviales o sensacionalistas. Es cierto que la cobertura excesiva de asuntos superficiales, como los relojes y joyas que luce la presidenta, puede distraer la atención del verdadero problema que enfrenta el país.

Es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre las instituciones públicas y privadas para prevenir y combatir la corrupción y el abuso de poder. En última instancia, el verdadero desafío para la democracia en el Perú radica en proteger la integridad de las instituciones frente a cualquier intento de manipulación o corrupción, ya sea por parte de algunos medios de comunicación o de otros actores con intereses particulares.

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