Una ley polémica
La Ley No. 31494, recientemente aprobada por el Congreso de la República, que modifica la ley que reconoce a los comités de autodefensa, con disposiciones que los incorporan al sistema de seguridad ciudadana y les autorizan portar y utilizar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, ha levantado una justificable ola de preocupación en los ciudadanos que tienen el temor que dichas organizaciones podrían derivar, con el tiempo, en bandas paramilitares, capaces de cometer excesos y violaciones a los derechos humanos de las personas.
Todo es posible si, en todo caso, no se reglamenta con absoluta claridad, sin que haya lugar a los vicios de interpretación, a los que estamos acostumbrados, de modo que se evite tener, en las zonas rurales más alejadas del país, a grupos armados que hagan de las suyas, protegidos por una ley que ha nacido, inexplicablemente, por mandato de una reconsideración e insistencia a una iniciativa que había sido observada, hace poco más de un año, por el entonces gobierno de Sagasti. Aun cuando el presidente de la comisión de Defensa del congreso actual, Williams Zapata, general en retiro, asegure que no hay nada qué temer, no debemos dejar de preocuparnos, conociendo, sobre todo, la idiosincrasia de nuestra población, sobre todo, andina.
La ley aprobada “tiene por objeto regular el tratamiento legal de los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD), con la finalidad de precisar los alcances de su reconocimiento como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas que se organizan en el ámbito de influencia de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales del país, organizadas para realizar actividades de apoyo al desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana; así como en la participación para el mantenimiento del orden interno y la defensa nacional”.
Estos comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) serán acreditados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo el procedimiento que establezca el reglamento que habrá de aprobarse en un plazo no mayor de un mes. Entre sus funciones estarán apoyar a la Policía Nacional del Perú en el control del orden interno y la lucha contra la inseguridad ciudadana en las zonas rurales de la jurisdicción o ámbito de acción, realizar actividades de apoyo y prevención en materia de seguridad ciudadana en el perímetro de su comunidad o anexos, según corresponda; apoyar a las autoridades de su localidad y comunidad en acciones de seguridad y vigilancia, entre otras. Señala la ley que, en las zonas declaradas en estado de emergencia, el funcionamiento de los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) será determinado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigido a apoyar a las Fuerzas Armadas al logro de sus objetivos.
Sus integrantes deberán ser capacitados por los ministerios del Interior y Defensa “en materia de prevención, seguridad ciudadana, seguridad pública, resguardo, arresto ciudadano, intervención, reducción, uso de la fuerza pública y uso legítimo de armas de fuego”. Aquí el temor, que personas con poca y escasa preparación para sustituir, propiamente, a la policía o a los miembros de seguridad ciudadana de los municipios, salgan a las calles para realizar “acciones de seguridad y vigilancia” y, más preocupante todavía, si están autorizados a portar armas y utilizarlos en ejercicio de sus funciones.
En efecto, el art. 8 de la ley señala que “los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) pueden adquirir, por compra o donación por parte del Estado o de particulares, las armas de uso civil que el Ministerio de Defensa autoriza”. Dichas armas podrán ser utilizadas “únicamente para actividades de autodefensa de su comunidad en apoyo a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de droga en las zonas declaradas en estado de emergencia”. Los comités de autodefensa surgieron, es cierto, como elementos de apoyo en la lucha contra el terrorismo. Se justificaba, plenamente, Ahora que el terrorismo ya no es, propiamente, un peligro para la seguridad nacional es riesgoso alentar y mantener organizaciones armadas que no sabemos el comportamiento que podrían tener. No queremos paramilitares.
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