Una mentira de 18,500 millones de dólares

El 9 de enero pasado, en el marco de una audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República que investigaba la denuncia en contra del expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, por el caso de los Bonos Agrarios, el exvocal Gerardo Eto Cruz dijo textualmente: “Calcular la deuda utilizando la inflación peruana en lugar de las tasas del Tesoro de los Estados Unidos habría producido una suma exorbitante –18,500 millones de dólares– que habría causado un agujero en las finanzas del Gobierno”. Y añadió, con aire de gran conocedor: “el método de dolarización redujo la cantidad a alrededor de 2,000 millones de dólares”.

Tan precisos datos le fueron proporcionados, según dijo el exmagistrado, por el propio exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, producto de un informe que hasta el momento nadie ha podido leer, probablemente porque simplemente ni existe ni existió cuando le fue comunicado al magistrado Eto Cruz. Y digo probablemente no existió porque no hay manera alguna –menos aún con algún soporte técnico económico financiero– que pueda convertir los 2,500 millones de soles oro de deuda agraria impaga en 18,500 millones de dólares. Pero, claro, el objetivo no era comunicar un dato técnico sino conminar a los magistrados –a través del temor a causar no un forado sino un hueco negro en las finanzas públicas– a que voten en un sentido y no en otro. Artificio mágico que acaban de volver a efectuar con absoluta impunidad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Lo dijo el propio Javier Velásquez Quesquén, al momento de exponer su informe ante el pleno de la subcomisión, afirmando además que “Urviola lo hizo pensando en el Perú”. ¿Y qué fue lo que hizo el exmagistrado Urviola? Según el congresista Velásquez Quesquén prácticamente “salvar al Perú”. Entonces, independientemente de los hechos que ameritan la investigación (delitos de prevaricato y falsificación de documentos) que se encuentran claramente probados, el hecho de que el exministro de Economía y Finanzas haya proporcionado información falsa acerca de la magnitud de la deuda, agravado por el hecho de que los magistrados hayan tomado una decisión tan trascendental sin exigir documentación oficial que justifique las palabras del exministro, son realmente de escándalo.

Como escandaloso y vergonzante resulta que la subcomisión ni siquiera haya accedido al pedido para que el exministro asista a la subcomisión a aclarar o desmentir lo dicho por el magistrado Eto Cruz.  Increíblemente, para la subcomisión nada de lo señalado tiene importancia alguna porque en su particular forma de examinar las evidencias “no se ha probado que se haya falsificado documentos o la firma de un juez”

Es decir, como en tantos otros desafortunados casos de la historia de nuestro país, se volvió a imponer “las realidades de la política” por encima de lo que debió ser la primacía de la verdad. De esta forma, se intenta consolidar un régimen injusto que a partir de la malhadada Resolución del 16 de julio de 2013 determinó un método y forma de pago, así como un procedimiento que –en teoría– debía poner fin a la tragicomedia de los Bonos Agrarios, pero que no ha hecho sino prolongar la injusticia como se desprende del puñado de casos en los que el MEF ha determinado finalmente el valor de bonos emitidos medio siglo atrás, valorándolos en centavos de dólar.

El Sr. Óscar Urviola acusa a los tenedores de bonos de la deuda agraria de promover un grave daño económico y afirma sin siquiera sonrojarse que “hay un complot contra el Estado con el fin de conseguir un beneficio económico”. Se equivoca el Sr. Urviola: aquí hay tan solo un reclamo de 50 años por parte de miles de familias peruanas cuyas vidas fueron violentamente alteradas por un régimen militar. Todo lo demás, son afirmaciones, acusaciones y teorías conspirativas que atentan contra el más mínimo sentido de justicia y realidad.

Ing. Ramón Remolina /Presidente de ABDA.