Una nación saqueada
Subsidiar el gas doméstico (GLP), la electricidad, los pasajes urbanos, entregar un bono alimenticio y otros dispendios, financiándolos con recursos inorgánicos que serían emitidos sin el menor respaldo presupuestal -vale decir, a cuenta de un nuevo forado fiscal, que se sumaría a aquellos miles de millones de soles y dólares emitidos sin fondos por los regímenes gemelos de Vizcarra/Sagasti- es la propuesta del desgobierno de Castillo para capear la feroz tormenta por la que navega el Perú. Una irresponsabilidad de proporciones tectónicas, para un país cuya economía ya ha sido diezmada a lo largo de un primer año de anarquía, institucionalizada por un caótico presidente.
El monto presupuestado para este delito económico asciende a S/ 5,262 mil millones, cantidad que tranquilamente podrá duplicarse considerando las ineficiencias y, sobre todo, la corrupción que campea en las reparticiones estatales que manejarían aquellos fondos, hoy a cargo de lacayos del régimen comunista.
La otra cara de la moneda es el sector privado, auténtico motor de la economía y solitario creador de riqueza. De acuerdo a estadísticas, este año la inversión privada se reducirá entre menos 3% y menos 8%. Evidentemente se enfrenta a un régimen bolchevique, decidido a dinamitar la estructura del Estado conforme manda el manual comunista: generar caos socioeconómico para, a río revuelto, recuperar poder político. Por eso apunta a la inversión pública, como estrategia para solventar este desastre financiero que, repetimos, ha generado en sólo un año de fiascos. Esta situación se les advirtió en todos los tonos a los múltiples gabinetes ministeriales -cada cual más esperpéntico que el anterior- tanto a través de determinados medios de comunicación como del Congreso. Pero Castillo y su banda hicieron oídos sordos y abrieron, aún más, el caño del gasto público, multiplicando con ello el efecto tóxico de sus despropósitos. El experimentado economista Manuel Romero Caro analizó para EXPRESO esta coyuntura, llegando a la conclusión que la principal causa de la agudización del caos socioeconómico-financiero del país no son, como dijo el jefe del MEF Kurt Burneo, “los audios” que desnudaron a César Acuña, socio o exsocio de Pedro Castillo. Más bien, “lo que ha ralentizado las inversiones privadas” determinaba Romero Caro, “son los diversos audios que involucran al presidente en seis investigaciones fiscales.” De esto no cabe la menor duda.
Ciertamente son los audios, trascendidos y declaraciones de los colaboradores eficaces ante en Ministerio Público los que han anulado -legal y moralmente- al régimen Castillo. Repetimos. No puede haber sector privado -en cualquier país del planeta- capaz de sostener a un régimen que lidera un analfabeto en temas de gobernabilidad. La cabeza del Estado peruano está imputada, además, por un mar de graves crímenes de diversa índole, que atentan severamente contra la confianza que exigen los inversionistas particulares en sus gobiernos. Gastar dinero público para salvarle la cara a un gobierno impresentable -emitiendo dinero que no tiene el Fisco- es, como hemos señalado, un crimen económico que se suma a los crímenes sociales así como delitos constitucionales/legales en que, increíblemente, sigue incurriendo el desgobierno de Castillo. ¡Ya basta!
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