Una necesaria ley de amnistía
El Ejecutivo debe promulgar la ley que ha enviado el Congreso de la República para la amnistía a los militares que lucharon contra el terrorismo en el periodo 1980-2000. Resulta inaceptable que se continúe procesando judicialmente a quienes nos libraron de ese flagelo que sufrimos todos los peruanos de manos de la insania de organizaciones criminales de ultraizquierda en dicho periodo.
No sorprende, empero, que la izquierda y la progresía caviarada se opongan a esta ley; finalmente, sus poderosas e influyentes ONG —pro DD. HH. de los terroristas— han sido funcionales, sobre todo en las últimas décadas, a esta lacra que aterrorizó al Perú por largos años. Como tampoco sorprende que la sesgada y altamente politizada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, haya puesto el grito en el cielo oponiéndose a que se promulgue dicha ley, como si además tuviesen atribuciones legales, legitimidad y, sobre todo, autoridad moral para hacerlo.
De esta manera, lo único que consigue la justicia supranacional es darle municiones a quienes pensamos que ese sistema de justicia solo defiende los derechos fundamentales de algunos y no los de todos.
Así, resulta que, bajo una falsa apariencia de legalidad, a esta entidad no le interesan los derechos humanos de los ancianos militares que siguen siendo víctimas de un sistema de justicia inhumano que los persigue interminablemente hasta el fin de sus días, todo bajo el pretexto de una dichosa “supervisión” de sentencias favorables a los terroristas y sus familias, cuando lo que se aprecia es venganza pura y dura… y eso no es justicia, ni aquí ni en Tombuctú.
De otro lado, coincidimos con la organización de la Feria Internacional del Libro, que canceló la presentación del libro del terrorista Víctor Polay Campos. Los peruanos no nos olvidamos de que Polay lideró el MRTA, un sanguinario movimiento terrorista de ultraizquierda que actuó despiadadamente contra la sociedad peruana en los años 80, e inclusive hasta la demencial toma de rehenes de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996, cuyo desenlace ocurrió en abril de 1997, cuando los valientes comandos Chavín de Huántar —en una impecable y heroica operación militar— rescataron a dichos rehenes, aniquilando a todos los terroristas que perpetraron aquel hecho criminal.
El tiempo podrá haber pasado, pero los atroces y crueles métodos de esta organización de asesinos y secuestradores no pueden —ni deben— ser olvidados nunca. En la retina de todo peruano de bien quedan las imágenes de sus feroces atentados, salvajes asesinatos y violentos secuestros que acababan en esas ignominiosas cárceles del pueblo, todo lo cual debe ser motivo más que suficiente para vetar cualquier tipo de exhibición pública de toda índole de unos fanáticos comunistas que, además, jamás han mostrado la más mínima señal de arrepentimiento por sus actos.
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