¿Una OCDE para vestir mejor al Perú?

El bicentenario nos va a encontrar con los relojes atrasados. Porque no sólo somos de todas las sangres, sino que vivimos en todos los tiempos. Si miras a un lado, encuentras empresas propias del siglo XXI. Pero si miras al otro, verás que la competitividad de la mayor parte de la economía sigue atrapada en el siglo pasado. Hay crímenes, como el contrabando, la tala ilegal y la minería informal, que sólo florecen en el caos de un Estado ausente, como el de las luchas por la independencia del siglo XIX; y servicios públicos tan deficientes que no pueden reducir la anemia de nuestros niños, que no mata pero reduce capacidades y —cuando es severa— produce un desastre demográfico como el que produjeron las enfermedades que llegaron de Europa en el siglo XVI.

Para vestirnos mejor, aceleramos el ingreso del país a la OCDE. Será una certificación de buenas políticas. Y está bien, pero… ¿a qué costo? El más evidente es que tenemos que aprender su idioma, inspirado en las reglas anglosajonas, donde la sustancia económica prima sobre la forma legal y donde las normas se van construyendo en el tiempo, en base a precedentes judiciales. De momento hemos incorporado las políticas BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o Erosión de la base imponible y traslado de beneficios) para luchar contra el lavado de activos y la evasión fiscal, así como las normas que eliminan el secreto bancario, que facilitaron la última amnistía para regularizar rentas no declaradas. El objetivo es que la Sunat acumule data de calidad para intercambiarla en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, una alianza mundial de administraciones tributarias, donde la que quede fuera será una paria fiscal.

En ese camino también hemos incorporado las reglas para determinar precios de transferencia entre partes vinculadas; las reglas CFC (Controlled Foreing Corporation), que obligan a reconocer en el Perú las ganancias obtenidas en paraísos fiscales; las reglas de Thin Capitalization, que limitan deudas a un múltiplo sobre el capital o ebitda; y las reglas para identificar al beneficial owner o el beneficiario final detrás de cualquier estructura legal. Lo que hacen estas normas es estandarizar internacionalmente las reglas fiscales.

Se trata de una revolución profunda porque, desde 1215 —cuando se estableció que el Congreso fijaría los tributos—, los Estados nacionales han sido soberanos en asuntos fiscales. Esa soberanía ahora la toma la OCDE. No es especulación. Ya la academia ha acuñado el concepto de soft law para referirse al conjunto de guidelines o lineamientos que los comités especializados de la OCDE van aprobando mientras discuten y revisan cada tema, y que sirven para interpretar y hasta modificar las reglas establecidas: law in action, construcción del derecho en vivo y en directo. No se trata, por tanto, sólo de incorporar las reglas OCDE, sino de ser conscientes de que implican una cesión de soberanía y un nuevo modo de hacer derecho.

Pero mirando el conjunto, hacemos poco por los asuntos urgentes de otros tiempos. A inicios de los noventa, vivíamos una situación extrema por el terrorismo y la hiperinflación, pero nos unimos para soportar normas de estabilidad económica y disciplina fiscal, y salimos adelante. Ahora, sin tanta carestía y con problemas de nutrición, salud, educación y justicia, cuya solución debiera generar más consenso, no podemos establecer políticas públicas mínimas. Discutimos asuntos menores y en eso se nos va la vida. Peor aún, descalificamos cualquier aporte que venga del otro grupo, en una sociedad que no olvida ni perdona. En esa sordera, no entendemos de otros reclamos. El costo más caro en el viaje a la modernidad es olvidarnos que también debemos ponernos de acuerdo para superar los tiempos atrasados del Perú profundo.

César Luna Victoria

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