Una semana movida

El Gobierno decidió, esta semana, mover sus fichas de manera más activa en su permanente confrontación con el Congreso, insistiendo en pedir a este Poder del Estado una sesión del Pleno en la que pueda presentar la cuestión de confianza, calificada, por el presidente del Congreso, como una “provocación”. Todo ello, en fina sincronización con una promocionada marcha de sindicatos, para pedir el cierre del Congreso y la redacción de una nueva Carta constitucional.

En respuesta al pedido del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el presidente del Congreso le recordó que el pedido no es válido. “Esta interpretación implicaría, conforme ha quedado establecido con la decisión del Tribunal Constitucional, que el Congreso ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes, como lo son el procedimiento legislativo y el proceso deliberativo al interior de las Comisiones”, señaló José Williams Zapata.

Resulta evidente que la movilización de pobladores y organizaciones populares, en apoyo al presidente Castillo que, se dijo, llegaron de muchos puntos del país, había sido promovida y organizada con anterioridad y fuerte financiamiento que, seguramente, se investigará en algún momento. Por los personajes que se vieron en la marcha se podría presumir que el Gobierno y sus aliados políticos no estuvieron ausentes en este intento de “tomar Lima”, como rezaba el eslogan bajo el cual llegaron a ocupar parte de la Av. Abancay.

Los gritos y arengas que corearon los participantes tenían el mismo guion de apoyo al mandatario y condena al Congreso de la República, cuyo cierre demandaron con insistencia. Destacó la agrupación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que, con enormes y potentes parlantes a bordo de un camión, se desplazó arengando consignas contra el Parlamento y de respaldo al presidente Castillo. El mandatario, a su vez, acompañado de algunos de sus ministros, fue a buscar, horas antes de la marcha, a los miembros de la Conferencia Episcopal Peruana, a cuyas autoridades saludó y con quienes conversó buscando el bien común, según dirían los obispos después.

Entretanto, en Paracas, terminaba, sin la vistosidad de otros años, la edición número 60 de CADE Ejecutivos 2022. Quizás lo más destacado del último día haya sido las intervenciones de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, quienes se ganaron cerradas ovaciones por parte de los asistentes.
La fiscal de la Nación señaló que el organismo que representa “está comprometido con la investigación firme y célere de la corrupción en el poder, porque afecta las bases institucionales de un Estado de Derecho”. En este marco, manifestó que el trámite de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo que presentó ante el Congreso es una “responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo”, tal como lo manda la Constitución y las leyes vigentes.

El momento más emotivo en la audiencia fue cuando la fiscal Benavides dijo, dirigiéndose a los empresarios, que no se podía “permitir que en nuestro país se normalice la corrupción. La corrupción en el poder afecta las bases institucionales de un Estado de derecho. Hemos vivido varios capítulos de la institucionalidad. La corrupción es un delito que afecta derechos humanos”. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, resaltó la necesidad de trabajar de manera articulada con el Ministerio Público para resolver su carga procesal. “Nos interesa atender de manera eficiente, con urgencia, todos aquellos casos emblemáticos. Que brinde garantías a la ciudadanía que hay un sistema de justicia con transparencia que actúa y responde de manera inmediata”, señaló.

A su vez, el presidente de IPAE y organizador de CADE 2022, Gonzalo Galdós, les diría a sus colegas: “Tenemos que seguir en ese proceso de terminar con el mensaje populista de que un Estado empresario puede reemplazar a las empresas y a la inversión privada”. Un mensaje que, desde luego, acaba con la credibilidad del Gobierno de turno.

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