Una verdadera reforma de la administración de justicia

Las modas extranjeras que adoptamos sin filtro han postergado en la educación escolar y universitaria conceptos fundamentales como esfuerzo, perseverancia, honestidad, integridad y ascenso en base al mérito. Se ha perdido el respeto al profesor, el respeto entre los profesores, el respeto a la antigüedad y a la calidad evidenciada. Esta realidad se ha trasladado al ejercicio profesional del Derecho, en casi todos sus espacios. Mientras en Estados Unidos el ser juez de distrito otorga un significativo prestigio social, en nuestro país ni siquiera el llegar a ser nombrado juez supremo merece el reconocimiento de la comunidad, pues los concursos públicos han demostrado ser susceptibles a la manipulación de los organizadores, a fin de satisfacer los requerimientos de los grupos de poder infiltrados en las instituciones. Esto es injusto para aquellos jueces y fiscales de vocación, que han desarrollado su trayectoria con esfuerzo y dedicación; son más conocidos los casos de quienes fraguaron documentos para ganar puntaje, que plagiaron sus tesis de grado, o que fueron injustamente promovidos por poderes ocultos, supeditándose a intereses subalternos, obedeciendo como militantes disciplinados las órdenes de personas ajenas a la administración de justicia.
Reformar el sistema es un imperativo, pero el cambio no vendrá del interior del sistema. Es necesaria una reingeniería total que parta de la redefinición del objetivo. El proceso debe obtener una verdad jurídica en el menor tiempo posible para generar seguridad y predictibilidad, así como brindar la señal de que es muy difícil obtener impunidad. Para eso, los procedimientos deben racionalizarse, orientándose a la ejemplar represión del delito, en especial los violentos calificados por la actitud y no por el valor de los bienes. En esa línea, debe delimitarse con claridad el garantismo, conjurando definitivamente las posturas radicales de fiscales y jueces que liberan a peligrosos criminales por detalles procedimentales, muchas veces por culpa del adoctrinamiento de ONG que, siendo patrocinantes de procesados por delitos violentos, son también capacitadoras y benefactoras de los mismos operadores que decidirán sus casos.
Alentamos así la idea de imitar lo poco que ha dado resultado positivo en el Estado, produciendo carreras profesionales de prestigio, elemento fundamental para que sus actores valoren el cargo que ocupan y se resistan a las inevitables tentaciones. Una academia o escuela donde se formen jóvenes titulados para ser jueces y fiscales, egresando por promociones anuales, y luego escojan por orden de mérito su plaza, recrearía en el sector Justicia lo positivo de la Academia Diplomática, debiendo sumarse a ello la autonomía e independencia que garanticen una carrera profesional libre de influencias externas, mediante la incorporación al pleno de la JNJ de 6 miembros elegidos en votación universal y secreta por todos los jueces y fiscales titulares del país, completándose con un representante del Ministerio de Justicia, uno de la Cámara de Diputados y otro del Senado, para llegar al número total de 9 miembros.

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.