Universidades, ¿regulación o mercado?

En la mayoría de la población predomina la idea de que la solución a los problemas radica en incrementar la regulación. Por ejemplo, ante los altos costos para los consumidores en el sistema bancario, se demanda regular las tasas para evitar abusos. Sin embargo, las normas no siempre ofrecen soluciones y, a veces, crean mayores problemas. La respuesta debe buscarse en los fundamentos del modelo: el capitalismo moderno solo logra satisfacer las necesidades del consumidor si existe una verdadera competencia. Cuando las regulaciones permitan la incorporación de nuevos actores internacionales, los bancos modificarán inmediatamente sus condiciones. Este razonamiento se aplica a casi cualquier actividad económica, con la notable excepción de la educación superior, donde existe un factor de distorsión: todas las universidades otorgan un título a nombre de la nación. En lo formal, todos los graduados son iguales, por lo que no hay incentivo para elevar la calidad educativa.
La solución propuesta fue aumentar la regulación sin eliminar el factor de distorsión. Se concibió una SUNEDU que funcionaba más como un ente regulador que supervisor, sacrificando la autonomía universitaria en favor de la intervención estatal. Se promovió un discurso en contra de la inversión privada en la educación superior, asumiendo que el funcionario obedecía al noble interés general, mientras que el gestor privado se movía por el afán de lucro. Al final de su primera etapa, los resultados mostraron una sobrerregulación de las universidades privadas, mientras que, por decisión política, todas las públicas obtuvieron el licenciamiento, incluso en condiciones deficientes de calidad e infraestructura. En la antigua SUNEDU, los puntajes y exigencias variaban según la institución evaluada, lo que evidenció una parcialidad y arbitrariedad manifiestas. En su afán por reemplazar rectores, repartir consultorías y cerrar universidades para abrir espacio a los emprendimientos de amigos, otorgaron el licenciamiento a la universidad del presidente con menos capacidad intelectual de la historia.
Es necesario elevar la calidad educativa, comenzando por las universidades públicas. Los sueldos y presupuestos deben vincularse a las certificaciones internacionales que puedan obtener. Es inexplicable que las universidades que reciben grandes sumas del canon minero no hayan incrementado su prestigio. Si las universidades públicas logran mejorar, reducirán el espacio de las instituciones privadas low cost, que, en parte, atienden a un sector más interesado en obtener un título barato que en recibir una formación profesional de calidad. Además, atraen a jóvenes que desconfían de la educación ofrecida por las universidades públicas mediocres de sus regiones. Si cada universidad asumiera la responsabilidad por sus graduados, la oferta y la demanda regularían naturalmente las preferencias del público y, en su esfuerzo por mantenerse en el mercado, las instituciones mejorarían irremediablemente su rendimiento académico.

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